7 mayo

El control de la pandemia y la reapertura de la economía dependen, según el consenso internacional, de mantener un grado aceptable de distanciamiento físico, el fortalecimiento de las capacidades hospitalarias y otros tres elementos estrechamente relacionados: el aislamiento de los infectados, para lo cual es indispensable un programa de pruebas de amplio alcance, y la búsqueda de quienes tuvieron contacto con ellos para, a su vez, examinarlos y aislarlos si dan positivo.

Los temores legales son resabio de la demagogia desatada por el caso UPAD y las supuestas intenciones de espiar no se sabe a quién, pero la enfermedad del coronavirus es asunto de vida y muerte.

Jim Yong Kim, médico, antropólogo y expresidente del Banco Mundial con amplísima experiencia en el combate de epidemias, recogió ese consenso en un artículo publicado en la prestigiosa revista The New Yorker y Aaron E. Carroll, profesor de Pediatría en la Universidad de Indiana y columnista del New York Times, añadió una variante al elemento de trazabilidad sugiriendo su aplicación a la vigilancia por zonas para identificar motivos de alarma en localidades específicas.

El 27 de abril comentamos las dos piezas de opinión en este mismo espacio. En ambos artículos, los autores reflejaban ideas aceptadas por especialistas de todo el mundo y probadas en los países con mayor éxito en la lucha contra la pandemia y la recuperación de la normalidad, hasta donde es posible.

Costa Rica tuvo, desde el primer momento, la posibilidad de aplicar métodos tecnológicos avanzados al rastreo de contagios e identificación de “zonas calientes”, pero no lo ha hecho por razones incomprensibles, entre ellas el infundado temor a violar normas sobre privacidad y reserva de datos personales.

Más de 1,9 millones de personas han descargado la aplicación EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social, y hay 4,7 millones de líneas con Internet móvil. Con poco esfuerzo, el país pudo haber adoptado, desde el principio de la pandemia, el rastreo de contactos mediante la tecnología celular. Basta con adaptar la aplicación existente y pedir a quienes la tengan activar el bluetooth. El teléfono llevará un registro de la aproximación a otras personas y, si su portador resulta infectado, los demás recibirán una notificación, sin revelar la identidad del causante. Idéntica alerta recibirá el dueño del celular si la infectada es una persona a la cual se aproximó.

El sistema no sustituye el rastreo a cargo del personal de salud, pero lo orienta y lo hace mucho más eficaz. También, permite mayor precisión en la escogencia de personas por examinar con las costosas pruebas de diagnóstico. Singapur, Taiwán, el Reino Unido, Australia, Alemania y Colombia, entre otros países, muchos ejemplarmente democráticos, utilizan los celulares para seguir las huellas del virus y frenar el contagio.

También, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado, el miércoles, a la adopción del rastreo electrónico para combatir la pandemia, pero Costa Rica desperdicia la posibilidad, con la cual contó desde el primer día. La aplicación existía, había sido descargada por cerca de dos millones de personas y, vista la disciplina demostrada por la población en las últimas semanas, es fácil adivinar su respuesta a una campaña de descarga del EDUS y habilitación del bluetooth.

Los temores legales invocados son resabio de la demagogia desatada por el malhadado decreto de la UPAD y las supuestas intenciones de espiar no se sabe a quién, pero la pandemia es asunto de vida y muerte, amén del grave daño para la economía y las finanzas del Estado, comenzando por las del sistema de salud. La parálisis del miedo nunca debió impedir la exploración de soluciones legales. Hay una muy sencilla: los ciudadanos somos dueños de nuestros datos y podemos consentir, de manera informada, su utilización. La ley permite expresar el consentimiento por medios físicos o electrónicos. Una simple notificación push, para quienes ya descargaron la aplicación o una aceptación de “términos y condiciones” para quien vaya a descargarla, bastaría para habilitar el teléfono de forma voluntaria. Una campaña informativa sobre los beneficios personales y sociales de colaborar terminaría de asegurar una red nacional de trazabilidad con amplísima cobertura.

La adopción del sistema podría hacerse al amparo de una política de manejo de los datos muy fácil de redactar, con previsiones obvias, como la destrucción de la información una vez derrotada la pandemia. No podría haber conminación alguna a sumarse al esfuerzo —como, por ejemplo, exigir la aplicación al abordar el transporte público—, pero quien voluntariamente esté dispuesto a compartir con las autoridades datos de sobra conocidos por ellas, amén de un registro de sus desplazamientos, pueden hacerlo sin cortapisas. Los costarricenses ya demostramos la reserva de responsabilidad suficiente para creer en el éxito de un programa tan trascendental si se nos explican las implicaciones y beneficios.

La complacencia por el reducido número de contagios y muertes no debe cegarnos a la posibilidad de haber hecho las cosas mejor y, sobre todo, a la oportunidad de hacerlas mejor en el futuro. La pandemia no está derrotada y creernos la victoria es temerario. Las autoridades de salud son las primeras en advertirlo, aun cuando anuncian paulatinas medidas de apertura. Luis Rosero Bixby, una de nuestras máximas autoridades en estudios de población y salud pública, difundió el lunes, en estas mismas páginas, una advertencia sobre la situación actual: “Costa Rica entró en un terreno preocupante”, dice el demógrafo, en vista de la tasa de contagio calculada por él. No es tarde para echar mano a la tecnología como arma contra la pandemia.