Las comisiones legislativas dejaron pasar el tiempo y la «guillotina» reglamentaria cayó sobre los proyectos de la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del préstamo de $1.778 millones para estabilizar las finanzas públicas. Además del crédito, el país necesita el valioso voto de confianza implícito en cada desembolso acordado.
Caída la «guillotina» —un plazo establecido para forzar la votación de proyectos de ley y no permitir, como antaño, el paso del tiempo sin una definición— las iniciativas deben ser dictaminadas apenas vuelvan a ser incorporadas a la agenda legislativa. Eso ocurrirá a partir del lunes, cuando el Poder Ejecutivo, en sesiones extraordinarias del Congreso, recuperará la facultad de definir los proyectos por discutir.
Los diputados dejaron pasar la oportunidad de hacer enmiendas y ahora deberán dictaminar las iniciativas como fueron recibidas de la Casa Presidencial. Con tal de retrasar las discusiones, hasta fingieron carecer de la potestad de enmienda y exigieron al Ejecutivo enviar nuevas propuestas en lugar de hacer los cambios pertinentes en sede legislativa.
Todo se valía con tal de perder el tiempo, y lo lograron con minuciosa eficacia. Hubo tiempo para empeorar la situación fiscal mediante la eliminación parcial del impuesto sobre la propiedad de vehículos, dictaminar negativamente la reforma del Consejo Nacional de Producción y crear una exoneración para los productos orgánicos, pero no para avanzar en lo urgente.
Ahora, el presidente Carlos Alvarado decidirá cuáles iniciativas se dictaminan de inmediato para pasar al plenario en su forma original. Allí, los legisladores podrán hacer cambios en un proceso mucho más engorroso. La probabilidad de malograr completamente los proyectos, estancados desde hace nueve meses, es alta. En su defecto, podrían paralizarse el tiempo necesario para perder la confianza recuperada con los limitados y recientes gestos de responsabilidad fiscal.
En ese caso, los vencedores de las próximas elecciones deberán promover las iniciativas de renta global, casas de lujo, impuesto sobre los premios de lotería, eliminación de exoneraciones, recorte de plazas vacantes y aportes de las empresas públicas al pago de la deuda. De lo contrario, deberán sustituir esas iniciativas por otras capaces de dar los mismos rendimientos. No hay muchas opciones.
Mientras tanto, solo queda cruzar los dedos para que la misión del FMI encargada de rendir informe a la junta de directores a mediados de noviembre recomiende el primer desembolso con solo la aprobación en primer debate de la ley de empleo público, sin una sola reforma en cuanto a ingresos.
El mandatario anunció que noviembre será un mes decisivo para los próximos cinco años. «Si en noviembre del 2021 no hacemos la tarea, los próximos cinco años lo vamos a resentir», sentenció. Tiene razón, no solo por la trascendencia de los proyectos en manos de los legisladores, sino también por las inquietas miradas externas sobre nuestros procesos de toma de decisión.
Lo mejor habría sido discutir y perfeccionar las iniciativas en las comisiones de Hacendarios, Jurídicos y Económicos, donde las empantanó el juego político electoral. Hubo oportunidad hasta de rechazar alguna para sustituirla por otra, pero los diputados nunca mostraron sentido de urgencia. Aprobaron el acuerdo con el FMI y luego le dieron la espalda.
El tiempo se les agotó a las comisiones legislativas y no está lejos de agotársele al país en el escenario internacional. Los diputados no acusan recibo. Todavía a estas alturas, María José Corrales, jefa de fracción del PLN, nada tiene que decir sobre la agenda del FMI. Como si hubiera una década por delante, respondió: «De mi parte y de la fracción, preferimos no referirnos hasta que la agenda sea presentada en su momento oportuno». Es decir, ¡el lunes!