El magistrado Jorge Araya, de la Sala IV, lo sintetizó en estos términos: “Un buen fiscal debe ser un estorbo para algunos malos costarricenses y algunos malos extranjeros”. Tras su reelección, Díaz recogió el señalamiento y reafirmó su compromiso: “Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”.
El respaldo de los magistrados vino acompañado de peticiones concretas. Le solicitaron una persecución penal “sin importar si se trata de poderosos o no”, reforzar los controles para resolver los asuntos rezagados y avanzar en la atención de la violencia contra las mujeres y los delitos sexuales.
También le requirieron aprovechar al máximo la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) para minar las estructuras financieras, logísticas y de protección que permiten a las organizaciones criminales seguir operando pese a la captura de sus cabecillas. Esa tarea se une a su compromiso de avanzar contra quienes denomina “narcotraficantes invisibles”, personas que, bajo una apariencia de éxito empresarial o desde posiciones de influencia política, podrían participar en el negocio.
Hubo, además, una advertencia que merece atención. La magistrada Anamari Garro cuestionó declaraciones de Díaz que, según ella, contienen valoraciones políticas que exceden sus atribuciones y pueden desgastar su legitimidad y la del Poder Judicial. Sus colegas, Patricia Solano y Rafael Segura, discreparon de esa interpretación. No obstante, es un asunto que Díaz debe sopesar para preservar su credibilidad, aunque sin renunciar a la defensa del Ministerio Público y su autonomía.
A ello agregamos la obligación de conducir la entidad con transparencia y de evitar conflictos de intereses que comprometan la imparcialidad de sus decisiones. Lo decimos porque, en junio de 2025, la Corte lo sancionó con una amonestación escrita por informar tardíamente del conflicto de intereses relacionado con las prórrogas de nombramiento de una subalterna con quien mantenía una relación sentimental. Desde meses antes, el partido oficialista aprovechó el caso para desacreditarlo, y el gobierno de Rodrigo Chaves promovió una marcha para exigirle la renuncia.
Otro reto inmediato son las restricciones presupuestarias propuestas por la administración Fernández al Poder Judicial. Hacienda impulsa rebajas por ¢47.500 millones entre 2026 y 2027; algunas, todavía sujetas a aprobación legislativa. Además, propone condicionar el uso de otros ¢29.844 millones del próximo año. Ante las consultas de los magistrados, Díaz advirtió de que los recortes previstos para 2027 podrían obligar a eliminar el 20% de las plazas del Ministerio Público, limitar el uso de tecnología y sumir a la institución en el “caos”.
En medio de esas alertas, es posible que aumenten el número de expedientes con rezago, que ya rondan los 15.000, y la sobrecarga de trabajo de los fiscales auxiliares que, en promedio, acumulan 600 casos. Pero también es claro quiénes sufrirán las consecuencias: miles de ciudadanos que esperan justicia.
Frente a esas condiciones, al fiscal le atañe defender ante los diputados y el país los recursos que hacen falta y denunciar la afectación ciudadana cuantas veces sea necesario. También le corresponde exigir coherencia a quienes desde los micrófonos cuestionan la impunidad, pero desde sus cargos públicos limitan los recursos para combatirla.
La reelección de Díaz por otros cuatro años plantea, por tanto, un llamado de atención al gobierno de Fernández. El respaldo unánime de los magistrados a su gestión y su petición de que dé continuidad a la persecución penal deberían llevar al Ejecutivo a reconsiderar la confrontación que amenaza con debilitar la labor de la Fiscalía contra la criminalidad.
Le corresponde a la presidenta de la República evaluar las necesidades expuestas y garantizar los recursos suficientes para atenderlas. Las diferencias políticas o personales con quien dirige las investigaciones no justifican debilitar la persecución penal. Si el fiscal ha de ser un estorbo para quienes infringen la ley, el gobierno debe contribuir a que cumpla esa tarea.