EscucharTres policías encapuchados se manifestaron con firmeza contra la remoción de la Policía de Control de Drogas (PCD) de aeropuertos, muelles y fronteras. La protesta debe ser objeto de profunda reflexión por los argumentos de los protagonistas, su conocimiento de la materia y los riesgos asumidos para comunicarla a la ciudadanía.
Pese a las capuchas, no es imposible identificar a los oficiales y, en ese caso, tampoco se puede descartar una represalia o, por lo menos, el intento. Hay un riesgo personal en la decisión de dar el paso al frente y eso, en sí mismo, respalda la credibilidad de los oficiales preocupados por el destino de la PCD y la lucha contra el narcotráfico en el país.
Para dar ese paso, los oficiales deben tener, además, la convicción de estar representando a un número significativo de sus compañeros. Poco conseguirían si una mayoría saliera a desacreditar las preocupaciones expresadas con tanta vehemencia, detalle y argumentos.
En un pasaje de la conferencia, dada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), uno de los policías explicó que su remoción de las fronteras más bien representa beneficios relacionados con horarios y cercanía al hogar, pero esas ventajas vendrían al costo de desnaturalizar su misión.
Entre ellos y los mandos superiores del Ministerio de Seguridad Pública, hay un abismo conceptual sobre la función de la PCD en puertos, aeropuertos y fronteras. Según los jerarcas, los oficiales deben estar en otros lugares, porque su función es de policía represiva (investigadora de los delitos) y no preventiva. Los policías, por el contrario, argumentan que la detección de drogas a su ingreso y salida es el punto de inicio y culminación de las investigaciones.
Los policías también señalan la importancia del buen manejo de la prueba para toda investigación, la judicialización de los casos y la condena de los culpables. La PCD está capacitada para conservar la cadena de custodia de la prueba cuya ruptura es causa de demasiadas absolutorias de otra forma injustificables.
La posición de los denunciantes encuentra asidero en el Reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad Pública cuyo artículo 202 asigna a la PCD las “operaciones permanentes de control preventivo” en fronteras, costas, puertos y aeropuertos “para impedir el ingreso o salida de drogas ilegales”, la legitimación de capitales y actividades conexas.
Según Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, la reorganización pretende “que las Policías de investigación, investiguen, y las Policías de vigilancia, vigilen”. La tajante división entre una actividad y la otra es el corazón de la polémica, además del evidente roce con la letra del reglamento.
Pero el argumento de los policías se funda en la eficacia. Los sustitutos en los puntos de ingreso, aseguran ellos, carecen de experiencia, capacitación y equipos para detectar cargamentos de sustancias ilícitas. Dos oficiales de Vigilancia Aérea enviados a la terminal de contenedores de Moín coincidieron con la crítica y admitieron su falta de preparación para la lucha contra las drogas.
Jonathan Flores Mata, representante del sindicato, señaló el papel de Costa Rica como base de operaciones de los narcotraficantes y ya no como simple ruta de paso. Esta transformación guarda estrecha relación con la ola de homicidios que pronto establecerá un nuevo récord nacional, casi seguramente antes de finalizar este mes. Esta es, a fin de cuentas, la mejor razón para tomar la advertencia de los policías con mucha seriedad.
