Editorial: Apremiante solución en Caldera

Importadores y consumidores de los productos descargados en el puerto también sufren las limitaciones de la infraestructura, incluida la incapacidad de los muelles para manejar barcos de suficiente tamaño, limitaciones en los patios de estacionamiento y carencia de un laboratorio de análisis fitosanitario que obliga a enviar las muestras a San José.

En vista de las necesidades no atendidas, el editorial sugería a la autoridades “definir si se le prorrogará el contrato (a la concesionaria actual) a cambio de las inversiones requeridas” o si se le indemnizaría “por el plazo restante para recibir nuevas ofertas”. Y agregaba: “Cualquiera que sea la determinación, no cabe duda de su urgencia”.

La actual administración se inclina claramente por la prórroga, pero esa solución se torna polémica por varios hechos sobrevinientes. El contrato vence en agosto del 2026 y la prórroga lo amplía hasta el 2031 a cambio de medidas “paliativas” cuya definición todavía está pendiente.

El Ejecutivo anunció su intención de consultar las necesidades mínimas de los usuarios del puerto, pero la solución no será la definitiva ni la necesaria de conformidad con el plan maestro de modernización, relegado ya por demasiado tiempo.

Nueve años más —casi una década— con medidas paliativas no es la solución ideal, pero las necesidades son innegables. Mucho dependerá de la definición de “paliativo” para un puerto donde se han visto filas de 400 contenedores y tiempos de espera de 28 horas.

Eso en una terminal por donde pasan $2,1 millones diarios de productos nacionales destinados al exterior, equivalentes al 12,8 % de las exportaciones anuales.

Si de conformidad con la legislación nacional la prórroga sin concurso es posible en las circunstancias, todavía queda un motivo de polémica. En la concesionaria Sociedad Portuaria de Caldera hay una significativa participación de José Pablo Chaves, uno de los mayores financistas de la campaña electoral del mandatario e hijo de Calixto Chaves, jefe de campaña y consejero presidencial.

Los intereses involucrados crean polémica y el propio presidente dijo haber pedido a la contralora, Marta Acosta, participar con su consejo en el proceso para garantizar la transparencia y el posterior refrendo.

Consultada al respecto, la funcionaria respondió estar imposibilitada para participar en las condiciones descritas. En su momento, la Contraloría podría tener que referirse a la legalidad de lo actuado, pero, suponiendo su conformidad, siempre existirían cuestionamientos.

En muchos países democráticos se utiliza la figura de la “desinversión” (divestment, en inglés) para erradicar toda sombra de conflicto de intereses. En algunos casos, la ley declara la incompatibilidad entre determinadas funciones y la posesión de ciertos bienes o intereses financieros. Cuando la función es posterior a las inversiones en los campos prohibidos, la situación se resuelve mediante la venta de los activos cuya tenencia resulte o parezca incompatible.

La figura no está desarrollada en Costa Rica, aunque existen prohibiciones de contratación en algunos casos, pero vale la pena explorarla, sobre todo cuando la urgencia de resolver un problema tan serio como el portuario se encuentre con el inconveniente de un solo proveedor en cuyo accionariado participen personas relacionadas con altas esferas del gobierno.