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En el centro del país y las zonas costeras, hay 53 acueductos incapaces de satisfacer las necesidades de la población. En la zona central, vive el 61,8 % de la población y están ubicadas más de la mitad de las actividades productivas. En las costas, los desarrollos turísticos y la producción agropecuaria demandan mejor abastecimiento, pero el futuro podría traer más deterioro si no se actúa con rapidez.
La falta de disponibilidad va de la mano de la contaminación de fuentes superficiales y las pérdidas experimentadas por los envejecidos acueductos, sea por robo mediante tomas ilegales o por fugas en las tuberías. Los hábitos de consumo irracional, alentados por una estructura tarifaria propia de otras épocas, también contribuyen a la escasez.
Si el cambio climático mantiene su curso, en el 2050 la temperatura de nuestra zona habrá aumentado en 1,6 grados Celsius. Las lluvias disminuirían un 20 %. La franja entre la frontera con Nicaragua y el golfo de Nicoya perdería el 48 % del agua disponible y las grandes concentraciones urbanas del Valle Central estarían entre las más perjudicadas.
Es hora de plantearse el abastecimiento de agua como aspecto clave de la mitigación de los efectos de esos cambios. Por eso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugirió dejar de planificar únicamente a partir del crecimiento del consumo y tomar en cuenta las previsiones basadas en el cambio climático.
Es un sano consejo, sobre todo, en un país como el nuestro, donde el agua es un problema del presente y no una amenaza futura. En algunos años, los racionamientos han afectado a más de un millón de personas en el verano. Pocos factores contribuyen tanto a la conflictividad social y el deterioro de la calidad de vida como la escasez de agua.
El suministro de agua se convierte en una limitación para el desarrollo, con efectos en el empleo y los demás indicadores económicos. Los permisos de agua están entre los grandes dolores de cabeza de los desarrolladores y hay decenas de proyectos en espera de conseguirlos. Así, una de las consecuencias menos evidentes de la escasez de agua es el aumento en el costo de la vivienda.
En el 2021, el 60 % de los acueductos de la Gran Área Metropolitana no lograron abastecer a sus usuarios a plenitud. Unas 590.000 personas vieron limitado su acceso al agua potable durante el verano. En las regiones chorotega y brunca, el 25 % de los sistemas de abastecimiento sufre problemas similares.
La multiplicidad de sistemas es una de las dificultades más evidentes. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el operador directo del 60 % del suministro. El resto está a cargo de más de 1.500 Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y 28 acueductos municipales. En consecuencia, no hay criterios unificados para la gestión del servicio en todo el territorio nacional.
Una de las grandes limitaciones del AyA es la falta de recursos para enfrentar el deterioro de tantos años y la creciente demanda. Si a los retos de abastecimiento se les añade el formidable problema del tratamiento, la necesidad de fortalecer a la institución se hace obvia. No obstante, la capacidad financiera y administrativa de los acueductos locales es mucho más modesta en proporción con la tarea encomendada.
La prueba del rezago nacional está en el desconocimiento de las condiciones precisas de la red de suministro, el estado de los ríos y de los acuíferos. Sin ese conocimiento, la institución funciona a ciegas, ayuna de información indispensable para proteger las nacientes y promover el uso racional del agua. Ya no hay tiempo que perder. Si insistimos en ignorar las advertencias, lo pagaremos caro.
