El cambio en la perspectiva se comenzó a gestar años atrás, con mayor disciplina en el gasto y mejor recaudación de impuestos. Aunque la fórmula se expresa con sencillez, el cambio obedece a no pocos ajustes estructurales en los que la voluntad política desempeñó un papel central.
El primer antecedente fue la aprobación de la Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas, en el 2018 y vigente desde el primero de julio del 2019. La normativa trocó el mal llamado impuesto de ventas por un impuesto sobre el valor agregado (IVA), más robusto y extendido a diversos sectores de la economía, exentos en el pasado. El medio más eficiente del Ministerio de Hacienda para controlar el impuesto sobre la renta es la visibilidad de los ingresos de los contribuyentes. El logro de ese objetivo avanzó gracias a la ampliación del IVA, la factura electrónica y mejor tecnología. Así se explica el aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta reportado por la autoridad tributaria.
La regla fiscal, también incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ayuda a poner un tope al crecimiento del gasto cuando el endeudamiento del gobierno alcanza el 60% del producto interno bruto. Hoy, el país se encuentra en esa coyuntura y no podrá haber crecimiento del gasto mientras no bajen los niveles de endeudamiento. Aun cuando la administración Alvarado ha sido dispareja en su aplicación, los números consolidados vuelven a reflejar un superávit primario, desaparecido durante la administración Arias con la implementación del Plan Escudo.
La recién aprobada ley de empleo público es un componente crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eliminará odiosas diferencias salariales en el sector público e impondrá límites a un sinnúmero de excesos creados durante décadas, bajo presión de grupos de interés.
A principios de la administración Alvarado, los sindicatos paralizaron el país durante cuatro meses para defender sus excesos. Hizo bien el presidente en no ceder, y en este momento las organizaciones sociales deben trasladar la discusión a la Asamblea Legislativa y otros foros, como corresponde en una democracia representativa, además de ejercer el derecho a la huelga con la necesaria mesura. La ley para brindar seguridad jurídica en huelgas del sector público eliminó las arbitrariedades y medidas de fuerza que imposibilitaban equilibrar las finanzas públicas.
Todas estas reformas requirieron voluntad política, negociación y patriotismo en una Asamblea Legislativa fraccionada. La administración Alvarado hizo lo propio por corregir las desventuras del gobierno de Luis Guillermo Solís y crear las condiciones para alcanzar acuerdos. Esa es la democracia, y hoy se escribe un capítulo de prudencia fiscal que esperamos perdure en el tiempo, para bien de todos.
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