Editorial: Acción urgente en el PANI

El recuento de sus males tiene diversas dimensiones. La más crítica y extrema ha sido su incapacidad para impedir la muerte de menores sometidos a tratos crueles por sus familiares. El caso más reciente costó la vida, el 15 de este mes, a una niña de cuatro años en Tuetal Sur de Alajuela, por laceraciones en el hígado y el corazón, que el OIJ calificó de “homicidas”. En mayo del 2019, un niño de cinco años murió en Los Ángeles de Sabanilla, en esa misma provincia, por una hemorragia intestinal atribuida a agresiones físicas. Y, en el pasado reciente, existen otros casos de similar índole.

Sin duda, la violencia malsana contra niños y niñas es una lacra social y cultural que amerita un abordaje integral: el bienestar integral de la niñez nos compete a todos, tanto a los ciudadanos como, sobre todo, a múltiples instituciones públicas. Pero la responsabilidad directa de esas muertes, por negligencia, corresponde al PANI y a los miembros de su personal que estaban obligados, institucional y moralmente, a actuar con prontitud ante las alertas. En el primer caso, a pesar de su seriedad, la denuncia recibida fue calificada en la oficina responsable como “prioridad 2” (no urgente). En el segundo, la trabajadora social a cargo “no encontró la casa” y la violencia siguió su curso fatal.

Tal como dijo la ex presidenta ejecutiva de la institución Patricia Vega, quien renunció tras la muerte más reciente por “falta de espacio político”, lo peor en tal caso fue que la institución “tuvo conocimiento de que esta menor estaba en riesgo y no actuó”. Pero los informes internos confirman que tales falencias son crónicas.

Documentos facilitados a La Nación por una fuente de la junta directiva del PANI, indican que, en el 2019, quedaron sin atender oportunamente 2.045 de 17.212 casos calificados como “prioridad 1”, y que, de acuerdo con los protocolos institucionales, requieren intervención en menos de 48 horas. Un informe elaborado por la Auditoría Interna en el 2017 reveló que, del total de situaciones con esa calificación, apenas un 42 % se atendieron en el plazo requerido, mientras un 27 % debieron esperar entre un mes y un año. Y, en octubre de ese año, en una comparecencia ante la Comisión Especial Juventud, Niñez y Adolescencia, la auditora interna reconoció que el PANI falla en cada etapa de las atenciones a posibles maltratos o riesgos infantiles.

La excusa de algunos funcionarios, tan frecuente para encubrir males mayores, es falta de personal, a pesar de que en el 2018 la Autoridad Presupuestaria autorizó la apertura de 218 plazas. Todo indica que los problemas más serios están en otra parte: una estructura superada por la realidad, mala gestión del personal, la inadecuada distribución de tareas, falta de preparación, desmotivación y hasta desdén por responsabilidades que, en sus extremos, tienen que ver con la vida y la muerte. No nos atrevemos a emitir un criterio firme sobre la gestión de la expresidenta Vega, pero es posible que parte de su escaso “espacio político” fuera resultado de reacciones internas para bloquear reformas que trató de introducir.

Cuando una institución carece de estructuras, procesos y cultura necesarios para superar las debilidades de sus integrantes y ponerlas al servicio de su mandato, quiere decir que está fallando. Es lo que le ocurre al PANI. Por esto, debe atenderse la solicitud de su “urgente y necesario” replanteamiento, intervención o giro en el modelo de gestión planteada por la Defensoría de los Habitantes. La acción debe ser inmediata para reactivar la capacidad de reacción ante emergencias, mientras, a la vez, se trabaja en una reestructuración completa de la entidad. Esperamos que la auditoría interna anunciada por la hoy ex presidenta ejecutiva brinde una nueva ruta y que se emprenda con la firmeza y el rigor requeridos.