EscucharEl 17 de julio, armada de las normas necesarias para sancionar el estacionamiento indebido, la Policía de Tránsito lanzó una ofensiva cuyos efectos son visibles. Calles y aceras lucen más despejadas y hay espacio para transitar. ¿Aceras? Pues sí, en muchas vías de nuestra caótica capital el estacionamiento de vehículos frente a los comercios invade tranquilamente las aceras y obliga a los peatones a lanzarse a la calle.
La reacción no se ha hecho esperar. Muchos conductores, ferozmente críticos de los congestionamientos, lloran el fin del “derecho” a estacionar donde les diera la gana, como si no hubiera relación entre una y otra cosa. Nunca ha sido fácil poner orden. La resistencia era de esperar. Los oficiales de tránsito no deben ceder un ápice. Por el contrario, es preciso intensificar la vigilancia hasta erradicar el vicio. También es necesario extender la ofensiva a otras flagrantes violaciones de la ley, como la contaminación del aire y el ruido.
Pero el dramático incremento en el número de partes apareja un efecto no menos revelador de la cultura del egoísmo y la irresponsabilidad: la negación de culpa con cualquier excusa para, cuando menos, atrasar el pago y obtener la devolución de las placas sin haber cancelado el parte.
La apelación es un elemento importantísimo del derecho a la defensa, pero no pasa de ser una táctica dilatoria y una burla a la autoridad cuando se sustenta en razones ridículas, sin el menor apego a la realidad o al conocimiento generalizado de la ley. Ningún conductor ignora que la urgencia de llegar a misa no suspende la prohibición de estacionar donde hay línea amarilla. Lo mismo puede decirse de las necesidades fisiológicas y las citas de laboratorio, entre muchas otras causas alegadas ante el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Los conductores apelan el 9,8 % de los partes por mal estacionamiento, casi uno de cada diez, aunque la infracción, por su naturaleza, pocas veces admite discusión. A partir del 17 de julio, los oficiales han hecho 13.708 boletas y las 1.352 apeladas engrosan los 148.000 casos pendientes por todo tipo de faltas.
El número de apelaciones crecerá a medida que la Policía mantenga la política de sancionar el mal estacionamiento, como es deseable, y extienda el rigor de las reformas recientes a otras conductas, como la contaminación. Cosevi procura adoptar estrategias para acelerar las resoluciones, como agrupar los casos según los argumentos pero, aun así, contempla la posibilidad de pagar horas extras.
Si el pago de horas extraordinarias fuera necesario para preservar el derecho a apelar, es inevitable hacerlo. Sin embargo, no debería correr por cuenta del Estado, sino de los apelantes temerarios o de mala fe, cuya fingida ignorancia de la ley se transparenta en sus argumentos y, en cualquier caso, no podría servir para anular la sanción.
El cobro por tramitación de recursos infundados contribuiría a disminuir su número y agilizaría la recaudación de las multas en general, lo cual incrementaría la eficacia de las sanciones frente a las conductas indeseables. La recaudación, aunada a una reforma legal, también permitiría contratar más oficiales de tránsito, una necesidad urgente a tenor de la epidemia de accidentes.
Todos los logros enumerados son posibles sin afectar el derecho a la apelación y más bien fortaleciéndolo en el caso de quienes lo ejerzan de buena fe, con argumentos atendibles aunque no alcancen para eliminar la multa. A esas personas, en este momento, se les hace esperar injustamente mientras se resuelven auténticas burlas a la autoridad, como la del conductor cuyo único fundamento para apelar es que se trataba de la primera vez que incurrió en la conducta sancionada.
