EscucharLa temporada 2025-2026 del fútbol costarricense, que se inició este jueves, era histórica desde antes de que empezara a rodar el balón. Pero no se debe a ningún récord ni a ninguna hazaña dentro de los terrenos de juego: el apunte para la historia llegó desde los despachos administrativos.
El torneo Apertura 2025 se jugará con 10 equipos, en lugar de los 12 habituales. La disminución llega tras la expulsión de Santos y Guanacasteca. Tal y como se ha informado ampliamente, a esos dos clubes se les comprobaron irregularidades administrativas y financieras, que, de acuerdo con los estatutos del fútbol nacional, ameritaban la desafiliación.
No es una imposición ni un capricho, sino la justa aplicación de reglamentos hechos para velar por la pureza y transparencia del deporte más popular del país y el mundo. Es sabido que el balompié puede estar rodeado de graves amenazas; puede ser usado como mampara en legitimación de capitales o para incubar amaño de partidos que benefician al crimen organizado de las apuestas trucadas.
De manera inédita, la Federación Costarricense de Fútbol intervino a través de su Comité de Licencias, un órgano creado precisamente para hacer más robustos los filtros. Este comité es una instancia técnica y neutral, sin posiciones políticas ni bandera deportiva. La salida más sencilla habría sido dejar las cosas pasar o imponer una multa con tal de no afectar los intereses de nadie.
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Pero la Federación decidió recorrer el camino largo y avanzar en la dirección correcta, por complicado que fuera. Dos comunidades están dolidas, y con toda razón, pues perdieron a sus queridos representantes de Primera División. Sin embargo, hay valores que están por encima, y si las normas se infringieron de manera tan seria, lo que correspondía era aplicar el máximo castigo.
La Federación cuenta con un tribunal de segunda instancia que validó la expulsión. También se trata de un órgano técnico que no tiene ninguna relación con el Comité de Licencias ni defiende intereses de ningún equipo. Tan solo revisó las sentencias originales y determinó que la salida de Santos y ADG había sido correcta.
Todo esto nació a raíz de investigaciones de La Nación, que encontraron eco en las autoridades correspondientes.
El único tropiezo en este camino fue la aparición del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Icoder, una instancia fuera del mundo del fútbol, pero que tiene competencias para estas apelaciones.
Desde el primer momento, este Tribunal del Icoder emitió medidas cautelares que parecían dar la razón a los equipos sancionados, lo cual amenazaba con entorpecer el inicio de la nueva temporada y, sobre todo, iba en contravía del mensaje de transparencia que venía dando la Fedefútbol.
El Consejo Superior de Deportes tuvo que intervenir y determinó que, en cuanto a Guanacasteca, el Tribunal del Icoder había faltado a principios elementales como la objetividad y la imparcialidad. Incluso, en una aparente burla al proceso de administración de justicia deportiva, dirigentes del club hicieron manifestaciones públicas en los días anteriores a que se les admitiera la medida cautelar (ser admitidos en el proceso de licenciamiento de la nueva temporada), abiertamente confiados en que les iban a dar la razón. Esto fue denunciado por la Federación y admitido por el Consejo de Deportes.
Como consecuencia, el Consejo ordenó separar a los miembros del Tribunal para el caso de Guanacasteca. En cuanto a Santos, el Tribunal del Icoder dejó otra pieza para los museos del derecho deportivo: pretendió ordenarle a la Federación instalar un nuevo Comité que revisara la documentación de los santistas, obviando el hecho de que el Comité de Licencias no cuenta con miembros suplentes y los estatutos de la Federación no contemplan semejante cosa; es decir, que haya una especie de “comité aparte” que analice la información de un único club.
Afortunadamente, la Fedefútbol ya había completado el proceso de licenciamiento –que dejó a Santos y Guanacasteca por fuera– y logró esquivar tan insólita orden, imposible de acatar en la práctica. Pero queda la advertencia de lo que es posible esperar de ese tribunal del Icoder.
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Este proceso de licenciamiento también dejó en el aire la inscripción de dos equipos de la Liga de Ascenso (segunda división): Limón Black Star y el Municipal Turrialba. Ambos deberán aportar información adicional si quieren obtener el derecho de participar en la próxima campaña.
Limón Black Star ha sido un equipo muy cercano a Celso Gamboa, quien públicamente aparecía con camisas del club, aunque sus administradores siempre han negado esta relación. Un informe de la DEA también indica que hay “un equipo profesional de Limón” que se está utilizando para lavado de dinero, sin especificar de cuál se trata. Son indicios para que el fútbol nacional actúe de inmediato.
En cuanto a los turrialbeños, tres de sus dirigentes recibieron una suspensión de cinco años por un intento de amaño de partido. Al club no se le castigó en ese momento, pero persisten algunas dudas que impidieron darles la licencia de una vez.
La lucha por transparentar el fútbol no puede quedar aquí. El histórico campeonato con solo 10 equipos apenas comienza, y en segunda división también hay dudas por aclarar: el partido más importante de esta nueva campaña se está jugando fuera de las canchas.
