Se llamaba Julián. Tenía apenas 4 años, iba a un kínder del Ministerio de Educación Pública en Alajuela y, en junio, sus educadores denunciaron indicios de agresiones en el hogar. En julio, la Fiscalía de esa ciudad pidió a un juez desestimar el caso y, en setiembre, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) archivó el expediente al alegar que no halló elementos que permitieran identificar una situación de riesgo. Julián murió la mañana del 4 de noviembre pasado.
Las sospechosas por homicidio son su madre, una mujer de 25 años, y la pareja, otra mujer de 32, quienes en principio reportaron que el niño se atragantó con avena. Sin embargo, las primeras diligencias revelaron lesiones antiguas y recientes en su cuerpo. También salieron a la luz decisiones del Ministerio Público y del PANI que deben ser investigadas para establecer por qué las alertas de sus educadores no se tradujeron en una protección efectiva.
Con base en el reporte del MEP, una trabajadora social del PANI presentó el caso en la Fiscalía de Alajuela el 8 de junio. Pero, al día siguiente, la trabajadora del Patronato envió un correo a la fiscala que atendió al niño preguntando por qué no fue remitido a Medicatura Forense para revisar moretones visibles en su brazo, pómulo y espalda, lesiones coincidentes con el síndrome del niño agredido.
Este 9 de noviembre, luego de que La Nación publicara ese correo, el Ministerio Público respondió que, por la corta edad, madurez y escaso vocabulario del niño, este no logró ubicarse en tiempo y espacio y, al “consultársele directamente sobre la posible agresión, respondió negativamente e indicó que no sabía qué le había ocurrido. Tras esa respuesta, se le preguntó directamente si sus padres lo agredían, pero indicó que no era así”.
La explicación de la Fiscalía resulta insuficiente. La negativa de un niño de cuatro años no bastaba para descartar una posible agresión, menos aún ante las lesiones advertidas y la denuncia de sus educadores. A esa edad, un menor puede tener dificultades para comprender las preguntas o explicar lo sucedido; también puede callar por miedo o apego a las personas de quienes depende.
Si la propia Fiscalía reconocía limitaciones en su vocabulario y madurez, debía valorar con cautela sus respuestas y procurar otras pruebas. Era obvio que los padres también negaran cualquier agresión, por lo cual la evaluación de Medicatura Forense era vital. Invocar la no revictimización para prescindir de esa valoración, como hace la Fiscalía, es una falla. El procedimiento más bien habría dado elementos para esclarecer el origen de las lesiones.
La explicación del PANI también se queda corta. Según el correo de la trabajadora social, una valoración médica en la Caja Costarricense de Seguro Social detalló las lesiones y no descartó el síndrome del niño agredido. Pese a ese antecedente, en setiembre el PANI archivó el expediente y hoy dice “que no se acreditaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos en perjuicio de la persona menor de edad que justificara la continuidad de un proceso especial de protección”.
Para justificar el archivo, el Patronato debe explicar qué diligencias realizó, cómo esclareció el origen de las lesiones y con qué fundamento concluyó que el niño podía permanecer en su hogar sin medidas de protección.
Esta cadena de hechos obliga al Ministerio Público y al PANI no solo a establecer responsabilidades individuales, sino a revisar sus protocolos de atención de niños de corta edad. Deben fijar criterios muy claros para valorar sus respuestas según su desarrollo, contrastarlas con las lesiones y las alertas de docentes, y determinar cuándo corresponde una evaluación médico-forense. También deben asegurar la coordinación constante entre ambas instituciones y el seguimiento exhaustivo de los casos antes de archivarlos.
Los llamados a corregir las fallas de coordinación entre estas instituciones no son nuevos. El 4 de agosto de 2023, tras la desaparición de Keibril, una bebé de Cervantes de Cartago, sustraída y presuntamente asesinada por su padre, la Sala Constitucional ordenó al PANI, al Ministerio Público y a la CCSS adoptar medidas para evitar que se repitieran las omisiones detectadas en el caso de la niña y su madre, de 13 años. ¿Qué corrigieron esas instituciones después de dicha sentencia?
Corregir los procedimientos también exige personal suficiente y recursos. Por eso, resulta preocupante que el gobierno de Laura Fernández propusiera reducir en ¢22.714 millones las transferencias al PANI para 2027, un 22,6% respecto al presupuesto inicial de 2026. Esa decisión posiblemente incidirá en un menor desempeño el año entrante.
En esta trágica historia, los únicos que estuvieron a la altura de su responsabilidad fueron los educadores de la Escuela Aeropuerto, en Alajuela. Detectaron conductas y lesiones que despertaron su preocupación y cumplieron con su deber de denunciarlas. Su actuación merece reconocimiento y gratitud, en memoria de Julián. Al Ministerio Público y al PANI les corresponde ahora responder por sus omisiones y demostrar, con acciones concretas, qué harán para que ningún otro niño quede desprotegido.
