Por primera vez en la historia, un Estado –Myanmar– ha sido declarado culpable de genocidio por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En un fallo de mayoría (9 a 3), el tribunal, que es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, responsabilizó a su gobierno militar por una campaña prolongada, sistemática y brutal contra la población rohinyá, minoría musulmana en un país mayoritariamente budista. Le ordenó compensar a sus miembros por el daño causado, permitir el regreso de cientos de miles de refugiados, procesar a los sospechosos de violaciones y dar garantías de que tales actos no se repetirán.
Los hechos que condujeron a la condena se produjeron, especialmente, en 2016 y 2017, pero no han cesado del todo. Consistieron en el asesinato de miles de civiles, violencia sexual generalizada, persecuciones, torturas y desplazamientos forzados hacia la vecina Bangladés. En la actualidad, casi un millón de sus miembros se agolpan en el campo de refugiados más grande del mundo.
El fallo implica un avance fundamental en el uso de los instrumentos jurídicos internacionales para proteger los derechos humanos. Por esto, trasciende en mucho su inmediata razón de ser: responsabilizar al gobierno de Myanmar por actuar con el propósito de eliminar, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; es decir, cometer genocidio.
Nunca antes la CIJ había emitido un fallo directamente vinculado con esta materia. Su jurisdicción ha correspondido a la Corte Penal Internacional (CPI), que adjudica responsabilidades personales. Y si bien ninguna de ellas tiene la capacidad de hacer que se respeten sus resoluciones, las de la CIJ poseen particular fuerza política y diplomática. Además, otorgan a otros Estados, o al Consejo de Seguridad de la ONU, bases legales para imponer sanciones. Ya Ed Miliband, secretario de Asuntos Exteriores británicos, anunció que su país solicitará una sesión urgente para conocer del fallo y contemplar posibles medidas.
En medio de tantos ataques contra la justicia internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, la CIJ ha abierto un nuevo camino a seguir. Los precedentes que ha establecido darán bases para seguir avanzando. El camino estará plagado de obstáculos, pero al menos se ha abierto. Es una excelente noticia.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
