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En enero de 2026 se cumplieron 85 años de la instalación del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), un órgano que ha sido clave en la toma de decisiones colegiadas que orientan el rumbo institucional. Con su creación, se optó por un modelo de gestión que incorporó un cuerpo diverso que integra experiencias sociales, profesionales, culturales, territoriales y hasta generacionales distintas.
El Consejo Universitario ha garantizado decisiones colectivas y democráticas, con representación de los sectores docente, estudiantil, administrativo y profesional, lo que reduce la arbitrariedad y fortalece la legitimidad de los procesos y la fiscalización. En el último siglo, muchas universidades del mundo adoptaron instancias colegiadas porque fortalecen el control, la transparencia y la incorporación de perspectivas diversas, incluso divergentes, en la gestión universitaria.
Sin embargo, en los últimos años se han generado una serie de cambios en las universidades de Estados Unidos y de otros países que amenazan directamente el modelo de universidad que conocemos. No se trata solo de los conflictos del gobierno de Donald Trump con universidades como Harvard o Columbia por el control de las admisiones, currícula y financiamiento. Esta ha sido la expresión más visible de una injerencia política directa que atenta contra la independencia universitaria. El verdadero cambio, sin embargo, está ocurriendo de manera más silenciosa.
Por ejemplo, a partir de 2025, varios estados, liderados por Texas y Arizona, han aprobado normas que eliminan los órganos colegiados en las universidades públicas. Los “senados”, equivalentes a los consejos universitarios, pasaron a ser instancias meramente consultivas, sin poder real de decisión. La idea es centralizar las decisiones universitarias en autoridades nombradas directamente por los gobernadores de cada estado. En otras palabras, el control de las universidades pasa de las instancias académicas a las autoridades de turno, lo que implica la pérdida de la libertad intelectual.
Otra tendencia preocupante es la encabezada por el gobernador de Oklahoma y de otros estados dirigidos por republicanos para eliminar las contrataciones en propiedad en las universidades estatales. A partir de ahora, las contrataciones serán mediante contratos temporales, sujetos a revisión periódica. Pero lo que se revisará no serán las investigaciones, publicaciones, ni el desempeño docente, sino el grado en que el profesorado se ajusta a una serie de principios sobre lo que debe enseñarse en el aula. Además de precarizar la docencia universitaria, esos principios serán emitidos directamente por el gobernador y autoridades políticas y no por autoridades académicas.
El gobernador de Florida ya definió algunos de esos lineamientos que probablemente serán replicados por otros estados controlados por republicanos. El estatuto de Florida 1007.25 señala, entre otras cosas, que en ningún curso se puede hablar de discriminación, por ejemplo, de racismo, sexismo o discriminación institucional. En general, se prohíbe “distorsionar” eventos históricos significativos usando teorías sobre racismo, sexismo u opresión, o teorías que vinculen esos hechos históricos con desigualdades sociales, políticas o económicas. En la práctica, esto significa borrar áreas enteras del conocimiento social por no ajustarse a los principios ideológicos de las autoridades políticas.
En otros países, como Argentina, el gobierno de Milei está matando las universidades y el sistema de investigación científica, quitándoles el financiamiento. En Hungría, la política de Viktor Orbán hacia las universidades forma parte de un proyecto más amplio que él mismo ha denominado “democracia iliberal”. Este modelo busca subordinar instituciones autónomas, incluidas las académicas, a una agenda nacionalista y conservadora. En Costa Rica, errores particulares de las autoridades universitarias están siendo utilizados por el gobierno y otros sectores para cuestionar el modelo mismo de universidad pública.
A la luz de estas tendencias, resulta sorprendente que un modelo de universidad que tardó siglos en consolidarse, basado en la libertad de cátedra y expresión, la autonomía frente al poder político, y la investigación y docencia de calidad, pueda desmantelarse en pocos años. Surge entonces la pregunta: ¿Pueden las universidades hacer algo frente a estas tendencias?
La respuesta es sí, pueden, pero las universidades necesitan nuevos argumentos para su defensa. Ante todo, es fundamental reconocer la crisis y las tendencias de cambio, y dejar de dar por sentado que todos los sectores sociales consideran a las universidades parte integral de un régimen democrático. Ese reconocimiento es solo un punto de partida, pero no basta para enfrentar las amenazas populistas.
Las universidades deben demostrar que se han ganado el privilegio de servir a la sociedad. No se trata de reclamar deferencia por los ránquines internacionales, los índices de producción científica o la diplomacia académica, sino de poner en el centro su capacidad de contribuir efectivamente al bienestar de la población.
El éxito dependerá de persuadir a un sector significativo de la ciudadanía de que vale la pena sostener una universidad pública, porque esta puede tener un impacto real en sus vidas. Asimismo, de demostrar que la universidad también está sujeta a las mismas exigencias de rendición de cuentas y transparencia que cualquier otra institución pública.
En este proceso de demostrar su valor para el bien común, los órganos colegiados, como los consejos universitarios, cumplen un papel fundamental, no solo como instancias de fiscalización y deliberación, sino también como impulsores de políticas y acciones que permitan a las comunidades y familias reconocer que las universidades pueden ser un instrumento para mejorar su calidad de vida. Que su existencia genera beneficios concretos y que la inversión pública en educación superior se vuelve tangible en sus propias vidas.
Montserrat Sagot es profesora catedrática jubilada de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la UCR.
