Columnistas

Una mujer a la Sala Constitucional

Quien sustituya a la exmagistrada Nancy Hernández debe ser otra mujer

Los acontecimientos que han dominado la agenda en las últimas semanas han tenido un fuerte sello masculino: por un lado, la guerra iniciada por el macho alfa por excelencia intensificó la carrera armamentista en Europa y disparó la cotización de las acciones de las empresas de la industria bélica; por otro, los senadores republicanos eligieron usar un talante sumamente hostigador al interrogar a la jueza Ketanji Brown Jackson en las audiencias para su confirmación a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Brown Jackson sería apenas la sexta magistrada en la historia de la Corte y la primera de raza negra.

Como si no quisiera que la guerra en Ucrania le robara atención, el dictador norcoreano hizo un despliegue de matonismo al lanzar un misil intercontinental.

En estos lares, lo que ha predominado en la campaña política es una lucha de recriminaciones entre los candidatos para demostrar quién tiene la cresta más grande y colorida, en vez de escuchar al electorado y ofrecer soluciones a los problemas que nos estrujan el alma y la calidad de vida.

En medio de esta estridencia, se desarrollan en paralelo otros hechos relevantes que no deben pasar inadvertidos, pues afectan de forma desproporcionada a las mujeres, tales como el aumento del precio de los combustibles y su impacto en actividades típicamente femeninas, y los éxodos migratorios, por citar solo un par. La toma de decisiones en el mundo, a todo nivel, incide de forma distinta en hombres y mujeres.

En Costa Rica, estamos a las puertas de otra elección, además de la presidencial: la de quien va a sustituir a la exmagistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández López, recientemente nombrada jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nombramiento recae en la Asamblea Legislativa, a través de un procedimiento ampliamente criticado durante muchos años, principalmente por la politización y opacidad de las votaciones. Pero dejemos ese detalle formal para otro momento, y enfoquémonos en la significación de llenar una silla que hasta hace poco estuvo ocupada por una mujer con los más sólidos atributos profesionales y personales.

Es muy probable que el nombramiento suceda en las próximas semanas, antes del cambio en el Congreso. La Comisión de Nombramientos definió a los seis finalistas que recomendará al plenario, entre los cuales hay tres mujeres.

La aspirante mejor calificada es una mujer, y las otras dos quedaron en tercero y quinto lugar. Sin embargo, el plenario tiene libertad para separarse del criterio de la Comisión.

No es extraño que la lista de los mejores aspirantes esté encabezada por una mujer. Lo explica la paradoja de la selección de los mejores: una de las consecuencias contradictorias del sexismo es que eleva la calidad de las mujeres que ocupan altos cargos.

Debido al esfuerzo necesario para superar las barreras estructurales y las arraigadas dinámicas de poder, las que alcanzan esos cargos llegan a ser más competentes y talentosas.

Por muchas razones es lógico que el nombramiento recaiga en alguna de las tres aspirantes, de por sí bien calificadas. No se trata simplemente de llenar una cuota de poder.

En primer lugar, se debe preservar la perspectiva femenina —que es la de la mitad de la población— en los cuerpos colegiados de toma de decisiones e, incluso, aspirar a un mejor balance en los futuros nombramientos.

En este caso se estaría sustituyendo a una de las únicas dos mujeres, de los siete miembros que componen la Sala. De no hacerse así, la representación femenina quedaría reducida a una sola magistrada.

Diversos convenios y declaraciones internacionales reconocen la trascendencia del empoderamiento femenino en las vertientes cultural y cívica y en la toma de decisiones de políticas públicas y sus consecuentes resultados, lo que incluye las sentencias judiciales.

Lo anterior depende en gran parte de eliminar los desbalances derivados de cuatro elementos clave, medidos por el índice de igualdad de género: 1. Participación en política: eliminar el prejuicio según el cual los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. 2. Participación en la fuerza laboral: igualdad de oportunidades y de condiciones, de modo que las mujeres puedan emplearse, en especial, cuando hay escasez de puestos de trabajo. 3. Educación: es igualmente necesario que se eduquen tanto las chicas como los chicos. 4. Legislación y políticas de Estado: se debe reconocer la existencia de desigualdades que requieren medidas diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

La participación equitativa en la toma de decisiones, en la fuerza de trabajo y en la educación genera políticas públicas más inclusivas y equitativas que favorecen no solo a las mujeres, sino también a la sociedad en general.

Las sociedades donde predomina una cultura de igualdad de género proporcionan el clima necesario para que los derechos reconocidos en el papel se traduzcan en derechos reales en la práctica: se amplían los derechos humanos, mejora la inversión en áreas sociales, como salud, educación y redes de cuidado, entre otros beneficios. Además, las niñas y jóvenes tienden a mejorar el desempeño académico y a elevar sus aspiraciones cuando tienen referentes femeninos visibles en cargos de decisión.

Concretamente, con respecto a la participación de más mujeres en la esfera judicial, la Asociación Internacional de Juezas, presente en unos 85 países, señala múltiples beneficios. La creciente presencia femenina en un espacio históricamente masculino, como lo son las Cortes del mundo, ha contribuido a que la justicia sea percibida por la ciudadanía como más transparente e inclusiva. Con su sola presencia, las juezas elevan la legitimidad de los tribunales y envían un fuerte mensaje de apertura y acceso a la justicia.

Pero la participación femenina en las Cortes va mucho más allá de limpiar la cara de los tribunales. Ha contribuido significativamente a mejorar la calidad de las sentencias y, por lo tanto, de la justicia misma, pues no solo aportan su conocimiento técnico, sino también sus propias vivencias y su percepción de cómo la justicia afecta la calidad de vida de la gente.

Más juezas emitiendo sentencias contribuye a identificar los sesgos estructurales de género y a producir una interpretación y aplicación de las leyes menos sesgada y más inclusiva. Las mujeres en la magistratura y en la judicatura traen a la mesa una perspectiva que, sin ellas, no existiría.

El constante debilitamiento del poder presidencial en Costa Rica ha asentado el poder en la Asamblea Legislativa y en la Sala Constitucional. De ahí la importancia de que haya mujeres en esas instancias.

En la primera se ha logrado la paridad casi perfecta en las últimas dos elecciones. Ahora, la Asamblea Legislativa paritaria tiene la responsabilidad de que la silla de la exmagistrada Hernández sea para otra mujer.

agl.cr.ca@gmail.com

La autora es consultora en políticas públicas, conferencista y profesora universitaria. Es cofundadora de Poder Ciudadano ¡Ya!, asociación que promovió la Ley de Voto Informado y promueve otras reformas electorales. Es autora de una novela y varios relatos cortos. Expositora de TedxPuraVida 2015 “Recuperar la confianza en la democracia”.

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