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Twitter y Elon Musk, un futuro incierto

Propugnar la libertad de expresión es fácil, pero, como bien saben los directivos actuales de Twitter, la realidad de la operación de una plataforma de redes sociales es más difícil

Tras la decisión de Elon Musk de comprar Twitter por ¢44.000 millones, los comentaristas se desviven por comprender el significado que tendría para la plataforma el “absolutismo de la libre expresión”, del que la persona más rica del mundo se declara partidaria.

Pero es posible que ese principio también le traiga dolores de cabeza a Musk.

Ahora que la Unión Europea y el Reino Unido se disponen a aprobar leyes tendentes a aumentar la seguridad y responsabilidad de las redes sociales, parece que Musk ha elegido un mal momento para eliminar la moderación de contenido en Twitter.

Es verdad que a pesar de las amenazas de los funcionarios, Musk puede, en nombre de la libertad de expresión, dejar sin vigor las normas sobre restricción de contenido si así lo desea.

Pero es posible que reconsidere su postura en cuanto comprenda que esa libertad no tardará en convertirse en más rendición de cuentas.

Twitter prohíbe una amplia variedad de publicaciones que, sin ser ilegales, resultan cuestionables, por ejemplo, las que deseen daño a otras personas, contengan imágenes “excesivamente” violentas u “obstaculicen la experiencia de los usuarios”.

Y como es bien sabido, Twitter expulsa a usuarios de alto perfil muy polémicos, como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Musk quiere modificar esta política, de modo que Twitter solamente prohíba el contenido ilegal.

Aunque las autoridades británicas y de la Unión Europea no lo admitirán abiertamente, las nuevas leyes dejarán a Musk en libertad para revertir las expulsiones de usuarios y circunscribir las normas al contenido ilegal.

Durante la discusión de los proyectos de ley, algunos legisladores presionaron para que también se regulara la política de las plataformas respecto de materiales legales pero cuestionables. Pero la intensa resistencia de la sociedad civil convenció a la mayoría de que censurar el contenido legal era una propuesta excesiva.

Por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales obligará a grandes plataformas como Twitter a evaluar los riesgos (fomento de la discriminación, debilitamiento de la democracia, etc.) derivados de la publicación de materiales legales, pero cuestionables.

Pero en general, serán libres de decidir de qué manera mitigar esos riesgos, sin que la prohibición de contenido sea la única opción.

De modo que la UE y el Reino Unido no podrán reclamar si Twitter flexibiliza las normas sobre publicación de contenido cuestionable, siempre que tome otras medidas de mitigación.

Esas medidas podrían ser más favorables a la libertad de expresión, por ejemplo, pedir a los usuarios confirmación antes de publicar o retuitear comentarios cuestionables.

Pero aunque las leyes de seguridad en internet no obliguen a Musk a abandonar sus planes, afectarán sus incentivos comerciales.

Al parecer, Musk decidió comprar Twitter no solo porque lo ve como una máquina de hacer dinero, sino porque adora el servicio. Pero como pagó $21.000 millones de su propio patrimonio y ofreció un tercio de sus acciones de Tesla como garantía para financiar la compra, es evidente que no va a proveer un bien público.

Es improbable que reducir al mínimo la moderación de contenido ayude a Musk a resolver los problemas comerciales de Twitter. Los anunciantes detestan el riesgo de relaciones públicas que supone la aparición de sus anuncios al lado de materiales cuestionables.

Si Twitter se volviera demasiado tóxico, podrían abandonar la plataforma y poner así en riesgo la inmensa mayoría de sus ingresos.

Musk puede descartar el modelo de negocios basado en las publicidades y convertir Twitter en un servicio de suscripción. Pero relajar la moderación de contenido también dificultará esta alternativa.

Muchos usuarios se espantarán si perciben que Musk está tratando de enredar aún más a Twitter en las guerras culturales que obsesionan a los tuiteros más intensos.

Y casi nadie (ni siquiera los libertarios) quiere atravesar una maraña de desinformación, memes sarcásticos, campañas de odio y contenido de baja calidad para encontrar material interesante.

Si Musk descarta las normas sobre expulsión de usuarios y eliminación de contenido legal, necesitará otras herramientas para que Twitter siga siendo usable.

Dependerá aún más de algoritmos que aumenten la visibilidad del contenido de calidad y se la resten a materiales problemáticos.

Hace poco, Musk dio a entender que permitiendo la publicación de cualquier contenido mientras sea legal espera reducir su responsabilidad y rendición de cuentas, en un tuit donde dijo que “si la gente quiere menos libertad de expresión, pedirá leyes a los gobiernos”.

Los gobiernos, sin embargo, están presionando para que las plataformas asuman más responsabilidad. Las leyes las obligarán a ser más transparentes, no solo respecto de lo que prohíben, sino también respecto de cómo sus algoritmos aumentan o disminuyen la visibilidad de las publicaciones.

Reguladores, investigadores y usuarios podrán mirar el detrás de escena del funcionamiento de las grandes plataformas, y estarán muy atentos a la posibilidad de que tomen partido en los debates políticos.

Este escrutinio será todavía más intenso si Musk cumple su propuesta de hacer que los algoritmos de Twitter sean de “código abierto”.

Si Musk cree que el compromiso con la libertad de expresión bastará para que Twitter sea “políticamente neutral” y que a los usuarios no les importará que sus algoritmos influyan en el debate público, está muy equivocado.

Propugnar la libertad de expresión es fácil, pero, como bien saben los directivos actuales de Twitter, la realidad de la operación de una plataforma de redes sociales es más difícil.

Las leyes de la UE y del RU darán a Musk vía libre para flexibilizar la moderación de contenido, pero también reforzarán el escrutinio público de sus decisiones estratégicas y operativas.

Puede que al principio Musk disfrute la libertad legal, pero no disfrutará la rendición de cuentas.

Zach Meyers es investigador en el Centro para la Reforma Europea.

© Project Syndicate 1995–2022

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