EscucharCon toda razón el país está consternado por el secuestro de Keibril Amira García Amador, una preciosa bebé de nueve meses que en el momento de escribir esta columna aún no había sido hallada.
La desaparición de Keibril sacó a la luz una historia de agresiones y negligencia que angustia y aterroriza, pues muestra a una familia disfuncional que repite círculos de violencia y a instituciones incapaces de brindar una mínima protección a dos menores de edad. ¿Cómo es posible que una adolescente de 12 años embarazada no causara alarma y moviera a acciones inmediatas del Estado?
La madre de Keibril tiene apenas 13 años, es una niña madre de una bebé, que le fue arrebatada cuando pasaba por un lugar peligroso. Ella vendía números de una rifa para ayudarse con sus gastos, y una se pregunta adónde van a parar los millones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Pero vayamos más atrás, una menor de 12 años embarazada es una clara víctima de violación, lo que automáticamente obliga a todas las persona de su entorno a presentar la denuncia correspondiente. Quien no lo hace incumple con un mandato legal y es corresponsable. Fallaron la madre y la abuela.
Debemos preguntarnos cómo avanzó el embarazo de esta niña. Oportunamente, el hospital Max Peralta informó de que ellos denunciaron el hecho al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y también lo hizo el colegio. A finales de abril del 2022, el PANI y el Ministerio Público recibieron el reporte de la Dirección Regional de Educación de Cartago.
Quedan en deuda el PANI y la Fiscalía. El primero, porque se trata de una familia con dos menores que estuvieron bajo su supervisión y los devolvieron a la madre. ¿Hubo estudios para la entrega? ¿Le dieron seguimiento al caso? ¿Cómo mantuvieron a la niña madre en un hogar que no la protegió? El Ministerio Público, ¿por qué prestó poca importancia a la violación?
Espero que esta tragedia sea una dolorosa lección para los funcionarios y los haga más acuciosos y rigurosos en el ejercicio de sus labores; a las familias y a quienes conocen de hechos de violencia, sepan que su responsabilidad es denunciar. Es un mandato social evitar que tragedias como esta se repitan.
La autora es politóloga.
