EscucharLa discusión sobre llevar estudiantes a una cárcel de máxima seguridad comenzó con una frase política: que algunos jóvenes “pongan las barbas en remojo”.
Pero antes de organizar recorridos, conviene hacerse una pregunta básica: ¿asustarlos con la prisión reduce la delincuencia? La evidencia dice que no. Los programas Scared Straight, basados en exponer a adolescentes a la vida carcelaria para disuadirlos, han sido evaluados mediante experimentos y revisiones sistemáticas. Los resultados no muestran una reducción del delito. Algunos estudios incluso encuentran una mayor probabilidad posterior de delinquir entre quienes participaron.
Por eso, debe escucharse el criterio de los profesionales de la Dirección de Vida Estudiantil del MEP. No se trata de oponerse por reflejo a una iniciativa presidencial, sino de aplicar una regla elemental: no exponer a menores a una intervención sin evidencia, con riesgos de estigmatización y posibles efectos contrarios.
La buena noticia es que existen alternativas mejor evaluadas. En Chicago, el programa Becoming a Man ofreció a estudiantes varones de alto riesgo sesiones semanales para reconocer las respuestas impulsivas, manejar conflictos y pensar antes de actuar. Dos evaluaciones aleatorias encontraron menos arrestos durante el programa y aumentos en la tasa de graduación. Sus beneficios sociales fueron estimados en un rango de entre cinco y 30 veces el costo.
En El Salvador, un programa extraescolar combinó clubes, habilidades socioemocionales y la gestión de conflictos. Los estudiantes redujeron las conductas violentas, faltaron menos a clase y mejoraron sus calificaciones.
En Liberia, una intervención breve de terapia cognitivo-conductual para hombres de alto riesgo redujo los robos, la violencia y otras conductas antisociales incluso diez años después.
El dinero, por sí solo, no produjo el mismo efecto: lo decisivo fue trabajar en hábitos, autocontrol e identidad. El patrón común no es simplemente “más deporte” ni “más charlas”. Las intervenciones efectivas focalizan sin estigmatizar, trabajan durante meses, vinculan a los jóvenes con adultos de confianza, practican habilidades concretas y miden resultados.
Costa Rica ya cuenta con orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, Centros Cívicos por la Paz, gobiernos locales y organizaciones. En lugar de improvisar visitas a la cárcel, podría adaptar estos programas, implementarlos gradualmente y evaluar sus efectos en el ausentismo, la exclusión educativa, la violencia escolar y el contacto con el sistema penal.
Una excursión puede generar fotografías y titulares. Prevenir la violencia exige algo menos vistoso: profesionales capacitados, oportunidades reales y la disciplina de comprobar si lo que hacemos funciona.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
