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En los últimos días, se ha reavivado la discusión sobre la insuficiencia de los ingresos fiscales, mientras la propia Hacienda Pública muestra que la recaudación efectiva se viene erosionando año tras año. No es que los impuestos hayan bajado: es que el Estado está cobrando menos de lo que debería y la evasión está ganando terreno.
A riesgo de pecar de necio –y si es así, que me apunten en la lista de pecadores y de necios–, debo volver sobre un tema que, a estas alturas, se ha convertido en la mayor fuente de evasión fiscal del país. Un verdadero “megaevaducto” fiscal: Sinpe Móvil.
Desde junio de 2021 advertí de la magnitud que estaba tomando este mecanismo de pago y su creciente uso para evadir impuestos. Algunos respondieron, con sorna, que por ahí “solo se pagaban empanadas”.
La realidad es otra. En 2021, por Sinpe Móvil se movieron ¢4.021 millones de millones. En 2023, esa cifra se duplicó. En 2024, llegó a ¢10.800 millones de millones. Y en 2025, alcanzó los ¢12,5 billones de colones.
Para dimensionarlo: el monto transado por Sinpe Móvil en 2025 equivale a más del 20% del PIB. O, dicho de otra forma, equivale a todo el presupuesto de la República de ese año –ministerios, universidades, Poder Judicial, TSE, inversión social– moviéndose por una sola plataforma.
Cualquiera que camine por la calle lo ve: una parte enorme del comercio de bienes y servicios se paga directamente por Sinpe Móvil, sin factura. Es más, le invito a reconsiderar las últimas transferencias que ha realizado por medio de Sinpe Móvil y a revisar cuántas fueron compras sin factura, independientemente del tamaño de estas.
Conservadoramente, asumamos que el 50% de las transacciones por Sinpe Móvil son transferencias no comerciales y pagos con factura, lo cual está bien.
El otro 50% –es decir, ¢6.250 millones de millones– son pagos de bienes y servicios sin factura. En ese supuesto, solo por impuesto al valor agregado (IVA), se estaría evadiendo la suma de ¢812.500 millones, alrededor de un 1,5% del PIB, equivalente a una vez y media el FEES.
Además, el impuesto sobre la renta (ISR) no se queda atrás; este no grava el monto transado, sino la utilidad. Suponiendo un margen neto promedio del 25% y una tasa efectiva equivalente, el ISR evadido ronda los ¢391.000 millones adicionales, un poco más del presupuesto que tendrá durante el año 2026 el Ministerio de Seguridad Pública.
Sumando ambos tributos, la evasión total estimada asciende a ¢1.203.000 millones, alrededor del 2,3% del PIB por año. Para dimensionarlo: con esa suma, se podrían construir más de seis hospitales como el nuevo Hospital de Cartago –adjudicado en $398 millones– en un solo año.
Y no estoy hablando de crear nuevos impuestos. Jamás. Lo único que planteo es cobrar bien los que ya existen.
Desde su creación, Sinpe Móvil ha sido una herramienta extraordinaria para la digitalización de pagos y la inclusión financiera. Precisamente por eso, es indispensable cerrar el gigantesco portillo que hoy permite la evasión, sin afectar su agilidad ni su accesibilidad.
A veces nos sentimos apenados cuando nos damos cuenta de que ni siquiera los problemas que tenemos son originales, y eso es una ventaja: ya existen soluciones probadas.
En España, Bizum –con 30,6 millones de usuarios y 39 transacciones por segundo al cierre de 2025– enfrentó un fenómeno similar. La respuesta fue el Real Decreto 253/2025, que entró en vigor el 1.° de enero de 2026: desde esa fecha, las entidades financieras deben reportar mensualmente a la Agencia Tributaria todas las transacciones comerciales realizadas por Bizum, sin importar el monto. Se eliminó así el umbral de 3.000 euros que dejaba miles de operaciones fuera del radar fiscal.
Para frenar esta tendencia a la evasión, sin afectar la dinámica transaccional del sistema, la receta es clara y aplicable a Costa Rica: reporte sistemático, sin umbrales, de todas las transacciones comerciales realizadas por Sinpe Móvil. Una vez en manos de Tributación, la inteligencia artificial hace el resto: identifica patrones de riesgo y permite recuperar esos 2,3 puntos del PIB que hoy se escurren sin resistencia.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe colaborar con el Ministerio de Hacienda en esta tarea. Si bien puede requerirse una reforma legal para establecer el marco definitivo, como principio, el BCCR no puede escudarse en el secreto bancario para proteger la evasión fiscal.
Una ruta razonable sería la siguiente: de manera inmediata, el BCCR puede entregar información cifrada y agregada que permita a la Dirección General de Tributación identificar patrones de riesgo sin comprometer datos individuales, y solo frente a solicitudes técnicamente fundamentadas –basadas en esos patrones de riesgo– proceder a entregar la información detallada que corresponda.
Es la misma lógica que aplica en materia de lavado de dinero: el secreto bancario cede ante el interés público superior, y la evasión fiscal masiva es, sin duda, un interés público de primera magnitud.
El verdadero error no es insistir en este tema. El verdadero error será actuar con negligencia y escoger la salida más cómoda: abrir paso a una nueva reforma fiscal con aumento de impuestos, precisamente en un momento en que la Asamblea Legislativa cuenta con un actor político capaz de articular los votos necesarios para convertir cualquier iniciativa en realidad.
Elian Villegas Valverde es exministro de Hacienda y abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.
