Imaginemos a Luis, director de una escuela rural en Nicoya. Un viernes, mientras los estudiantes trabajan en un proyecto digital, la conexión a Internet cae. Luis reporta la falla por teléfono, pero nadie le da un tiempo estimado de solución. Pasan los días, el servicio sigue intermitente, y la educación digital, tan prometida, vuelve a ser un espejismo.
El problema de la conectividad escolar en Costa Rica no es técnico: es de gestión. En 2022, el Ministerio de Educación Pública decidió abandonar la implementación de la Red Educativa del Bicentenario –un proyecto robusto con licitaciones públicas, niveles de servicio exigibles y monitoreo centralizado– para retomar el viejo convenio MEP-ICE, firmado en 2004, sin estándares claros de calidad ni tiempos garantizados de respuesta.
La diferencia no es menor. La Red Educativa contemplaba monitoreo activo de enlaces, reposición inmediata de conexiones caídas, velocidades garantizadas, seguridad en la red y control de tráfico educativo. El convenio actual, en cambio, apenas promete “brindar soporte” y “hacer visitas técnicas”, sin establecer plazos ni penalidades en caso de fallas.
La llamada “Ruta de la Conectividad”, presentada por el MEP en 2022, se limita a metas de instalación física de enlaces, pero no establece indicadores de rendimiento. Además, no está incorporada al Plan Nacional de Desarrollo ni al Plan de Telecomunicaciones. Sigue siendo, hasta hoy, un documento aislado.
Como resultado, según una auditoría reciente de la Contraloría General de la República, solo el 21% de los centros educativos cumple con el mínimo de ancho de banda requerido para su matrícula. En los centros rurales, apenas el 12% alcanza el nivel básico de conectividad que deberían tener para funcionar.
A pesar de estos datos, desde el MEP se insiste en dos mensajes contradictorios: que más el 95% de los centros educativos tienen acceso a Internet, pero que no es un problema que la mitad de las computadoras en las aulas no se conecten a este. Tener Internet funcional, estable y seguro en cada aula no debería ser un privilegio ni una promesa incumplida. Es un derecho básico para la educación en el siglo XXI. Cumplirlo solo requiere de gestión seria y planificación responsable.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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