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Simple simplificación

Sugiero un medio sencillo, habida cuenta del talento desplegado por la administración pública para inventar trámites

Gobiernos vienen y van, ninguno deja de prometer la simplificación de trámites y todos anuncian nuevos métodos para lograrla. En algunos casos, involucran directamente al presidente, en otros, construyen una pirámide de comités encargados de detectar el papeleo superfluo en cada institución y algunos echan mano de asesores externos.

Sugiero un medio más sencillo, habida cuenta del talento desplegado por la administración pública para inventar trámites. La idea es reunir a los mismos funcionarios y encargarles la función contraria. Así de simple. Si las cosas se deshacen como se hacen, según el aforismo jurídico, la reorientación de la creatividad burocrática resolvería el problema en un dos por tres.

Quizá nos veríamos obligados a constituir una comisión para restablecer trámites indispensables, porque la agilidad para crear gestiones superfluas, puesta en reversa, podría desbordarse a corto plazo y, de pronto, no habría manera de inscribir siquiera los nacimientos.

El talento está ahí, en toda la Administración Pública, por ejemplo, el Banco Central acaba de dar una muestra de virtuosismo burocrático. Los diputados crearon el registro de accionistas, un trámite más, supuestamente ideado para combatir la evasión fiscal. Si cumple ese propósito, ¡en buena hora!, pero los resultados están por verse.

Eso sí, la imposición del requisito debería venir acompañada de la mayor facilidad de cumplimiento. Después de todo, la idea es recopilar la información, no someter a un calvario a quienes la suministran. Los representantes legales de las personas jurídicas pueden someter el formulario si tienen firma digital. Eso facilita la presentación, pero no todos los obligados poseen el instrumento.

Algunos deciden otorgar un poder especial a un tercero, generalmente un contador o abogado, para presentar los documentos. Es un procedimiento totalmente normal, y quien lo prefiera está en su derecho. Las cosas se complican al año siguiente, porque de las entrañas de la burocracia surge la interpretación de que el poder se agota una vez cumplido el acto, es decir, no se admite un poder especial de duración indefinida, vigente hasta su revocación. El registro de accionistas exige emitir uno nuevo para cada trámite.

Ahí está la prueba. Puestos a trabajar al revés, quienes idearon el requisito darían frutos invaluables, con efecto inmediato sobre la competitividad del país y la atracción de inversiones, sin contar el alivio para los ciudadanos.

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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