Dos noticias recientes, publicadas en el diario La Nación, retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera, publicada en la página 11 del pasado viernes 4 de julio, menciona la condena a tres años de cárcel contra Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal, por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste, con ejecución condicional de la pena.
La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó, de acuerdo con la acusación, haber ordenado atascos en el río Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarlas en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía, el atasco que hizo en el río Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia, a Zamora se le había condenado a dos años y medio de prisión y al pago de ¢184 millones al Estado por daño ambiental. En segunda instancia se le subió la pena de prisión a tres años, pero se le eximió del pago de ¢184 millones.
La segunda noticia se publicó en la página 12 del domingo 6 de julio bajo el título “Hombre deberá pagar ¢20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1.º de marzo del 2023, cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera, Puntarenas, en la intersección de Guarial y Praderas. Hernández, el ahora condenado, que viajaba en moto como pasajero, cometió el delito sexual aprovechando que el motociclista aceleró. El tribunal lo condenó a tres años de prisión y al pago de ¢10 millones por daño moral y psicológico y a otros ¢10 millones por daño físico; además, deberá desembolsar ¢2,5 millones por costas personales.
Aunque se trate de jueces diferentes que dependen de las leyes aprobadas por los diputados, el sistema judicial es uno solo, y como tal lo valoran los ciudadanos.
Sesgo de clase
En Ecuador, donde existe una élite que menosprecia a sus poblaciones originarias que se visten con ponchos, se dice que “las leyes se hicieron para los de poncho”, queriendo decir que se aplican especialmente para controlar a estos sectores sociales, no para sus amos. Aquí, por lo visto, aunque cubriendo las apariencias a la tica, las cosas no son muy diferentes cuando afectan a los poderosos. Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias.
Esto es muy grave, no solo porque hace perder la confianza del ciudadano en el sistema judicial, sino porque los grandes jerarcas políticos son un marco referencial como modelo para la población. Cuando estos montan redes de corrupción y resultan impunes de sus delitos, provocan un efecto en cascada que corrompe el resto de la estructura social, pues sueñan que pueden delinquir y ser protegidos por las redes montadas desde arriba.
De hecho, la corrupción se ha convertido en un mal que, conjuntamente con la organización criminal, se ha vuelto endémico en el mundo contemporáneo y amenaza la estabilidad política del planeta. Algunos países han podido resistir el embate, por cultura y estructuras institucionales muy sólidas, especialmente en el norte de Europa, pero pocos han caído en las garras del clientelismo y las organizaciones criminales y han podido salirse de esa situación.
Cabe mencionar algunos ejemplos destacados de Asia, donde la justicia ha sido implacable con la corrupción entre los jerarcas; tal es el caso de Singapur, Vietnam y China, donde se ha aplicado la pena de muerte a quienes se han enriquecido abusando de su posición. Esta medida, que nos puede parecer muy radical y no tiene por qué reproducirse de la misma forma en nuestros países, ha cumplido la función de invertir el efecto cascada de la corrupción. Esto es muy importante porque el castigo al jerarca, al cuestionar la impunidad en los niveles más altos, desalienta las tentaciones de enriquecimiento fácil en las bases de la institucionalidad.
Desde luego, un sistema de justicia recto no es la única solución; es imprescindible, pero debe ir acompañado de un sistema que genere oportunidades de educación, salud y bienestar ambiental; es decir, de oportunidades de vida digna para la especie.
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Miguel Sobrado es sociólogo.
