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En un artículo anterior, marcamos el recorrido de Costa Rica como país diferente en el contexto latinoamericano desde el siglo XIX, pero quedamos en deuda para explicar la coyuntura política en que vivimos.
¿Experimenta Costa Rica una crisis política? Sin duda, pero las principales características de esa crisis son el desencanto y una baja afinidad con los partidos políticos. Eso, a pesar de la multiplicidad de opciones del mercado partidario actual.
Por ejemplo, en la primera ronda de las justas presidenciales de febrero de 2022, un total de 25 partidos políticos obtuvo votos válidos, pero ninguno de ellos siquiera se acercó al número de abstencionistas, que llegó a sumar 1.418.062 personas.
En la segunda ronda, el abstencionismo subió a 1.530.447 votos; de los votos válidos (1.960.087), Rodrigo Chaves capturó 1.035.388, mientras que José María Figueres Olsen se hizo con 924.699. Chaves ganó la presidencia con apenas el 29% de apoyo del padrón nacional, lo cual muestra el nivel de deslegitimación de la política partidaria.
En síntesis, esto es el resultado del borramiento de las diferencias en las agendas de los partidos tradicionales, del vaciamiento de los odres de historia de los cuales bebieron las justas electorales después de 1953, de la reiterada corrupción, de la repetición de candidatos y de la ausencia de liderazgos positivos.
Elecciones y reforma estatal
En 1983, se fundó el Partido Unidad Social Cristiana, el cual se presentó como el tradicional partido calderonista. Desde 1953, su opositor, el Partido Liberación Nacional, había dominado los comicios, de forma que, aun en las ocasiones cuando no alcanzó la presidencia, contó con el mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa.
Entre 1986 y 2010, el PLN y el PUSC se turnaron para ocupar la casa presidencial y controlar el Congreso.
Ese fue un periodo de hegemonía bipartidista, de dos agrupaciones que se presentaban como opuestas en términos históricos y programáticos y alentaban la identidad de sus seguidores con el uso de los recuerdos de la década de 1940 y de sus caudillos históricos: Rafael Ángel Calderón Guardia (1900-1970) y José Figueres (1906-1990).
Gracias a eso, dos hijos de los caudillos llegaron a la silla presidencial en la década de 1990: Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olsen.
Hacia mediados de la década de 1990, parecía como si las diferencias históricas e ideológicas entre el PLN y el PUSC fueran insuperables.
No obstante, desde la década de 1980, la reforma del Estado costarricense comenzó a acercar a liberacionistas y socialcristianos, a pesar de que los cambios producidos por esa inevitable reforma no eran populares.
Esa contrariedad la descubrió Luis Alberto Monge cuando ganó las elecciones de 1982 con su programa “Volvamos a la tierra”, donde culpó de la crisis económica a las políticas neoliberales del gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982) y prometió retornar a la política estatista.
Pronto, Monge se percató de que el modelo de Estado prometido en su programa se enfrentaba con la realidad y su administración comenzó con la aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE).
El PUSC insistió en presentar una propuesta de gobierno que describía en detalle la profundización de la reforma estructural y ganó las elecciones de 1990.
A la terapia de shock emprendida por la administración Calderón Fournier (1990-1994), se le opuso un movimiento sindical que dio al traste con la continuidad del programa socialcristiano e incluso llevó a la renuncia de su ministro de Hacienda.
Al visualizar la funcionalidad electoral que tenía atacar al PUSC como neoliberal, el PLN tomó ventaja y Figueres Olsen ganó la carrera electoral de 1994 con un agresivo mensaje en contra de la reforma del Estado.
Pronto lo embistió la realidad y Figueres tuvo que poner los pies sobre la tierra; se puso en comunicación con Calderón y, el 28 de abril de 1995, ambos firmaron un pacto para proseguir con los cambios estructurales.
¿Cómo se impactaron las identidades políticas?
El principal problema de ese pacto fue mostrar a un PLN no muy diferente del PUSC, lo cual hirió de muerte al bipartidismo, pues los análisis políticos inmediatos y las encuestas subrayaron la proximidad de los dos partidos y la similitud de sus agendas. Incluso una parte de la ciudadanía comenzó a hablar del “PLUSC”.
La crisis del bipartidismo multiplicó las opciones políticas: si en las elecciones presidenciales de 1994 hubo siete partidos en competencia, entre 1998 y 2018 fueron 13, y en 2022 la cifra se elevó a 25.
Desgastado por la crisis identitaria y por supuestos casos de corrupción en los cuales fueron involucrados gobiernos del PUSC y el PLN, el bipartidismo experimentó su primer desafío en 2006 y su derrota en 2014, cuando el Partido Acción Ciudadana se hizo del poder, impulsado por un discurso de ética y moralidad en la conducción de la cosa pública.
Pero ese triunfo del PAC también se basó en presentarse como una opción de centro, frente al crecimiento del Frente Amplio y de cara a un candidato liberacionista que no despertó simpatías entre la mayoría de los electores, en parte por ser “más de lo mismo”.
La primera administración del PAC desperdició su capital político, fue trivial en el manejo de las finanzas públicas y finalizó con el escándalo llamado “el cementazo”.
Como en 2014, en 2018 el PAC ganó las elecciones no porque fuera la opción que convencía al electorado, sino porque su opositor (un partido neopentecostal) era un salto al vacío.
Pero, después de varios años estancada, la reforma estructural volvió a la agenda del Ejecutivo con la administración de Carlos Alvarado, durante la cual se aprobó una reforma tributaria, una legislación laboral que limitó el uso de la huelga y una ley del empleo público.
Entretanto, el gobierno de Alvarado fue golpeado por otros escándalos; entre ellos, por el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El PAC ya se parecía mucho al PLN y al PUSC, y la consecuencia directa de eso fue su catastrófica derrota electoral en febrero de 2022.
El empeño del PLN en seguir presentando “caras viejas” tuvo su mayor expresión cuando Figueres Olsen fue escogido candidato de ese partido en 2022. Es cierto que alcanzó a clasificar a segunda ronda para enfrentar al candidato del Partido Progreso Social Democrático, pero eso le dio todas las herramientas a Rodrigo Chaves para hacer una campaña antisistema, acumular votos de protesta, ganar y certificar la crisis política que vive el país.
¿Cuál ha sido el efecto del chavismo costarricense en esta coyuntura? ¿Sobrevivirá la democracia costarricense a esta crisis? Otra vez, ese es tema para un nuevo artículo.
david.diaz@ucr.ac.cr
David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).
