El lenguaje empresarial tiende a ser frío; a veces, aburrido. Jorge Luis Araya, director ejecutivo de la Uccaep, sombrilla del sector privado nacional, cambió de tono el miércoles, con una resonante frase, también suscrita por su presidenta, Maritza Hernández: “Costa Rica no puede acostumbrarse a contar víctimas cada fin de semana”.
Su origen directo fue la muerte violenta, durante el reciente fin de semana, de al menos diez personas, en un entorno de aguda inseguridad. Como dijo, lo más doloroso son las tragedias humanas, pero su impacto sobre la actividad económica erosiona cada vez más las posibilidades de crecimiento, empleo y bienestar.
Por ambas facetas, la organización pidió fortalecer la presencia policial; perseguir eficazmente el narcotráfico, el sicariato y el tráfico de armas; dotar de más recursos a la investigación y la justicia, y fortalecer la prevención y las oportunidades para jóvenes de las comunidades más vulnerables.
Su pedido lo hizo a “todos los poderes del Estado”. Pero si revisamos la lista, el Ejecutivo es el principal –aunque no explícito– destinatario. Añado, de mi cosecha, que también a este poder le toca allanar el camino para que, como clama la Uccaep, el combate a la criminalidad no se convierta “en una disputa política e institucional”, que llegue a impedir “la articulación requerida para proteger la vida de las personas”. Porque, desde hace cuatro años, la descoordinación y las rupturas han emanado, sobre todo, de él.
El pedido empresarial coincidió, precisamente, con la presentación del Presupuesto Nacional para 2027. Incluye severos recortes al Poder Judicial –incluido el OIJ– y otras partidas vinculadas con el “orden público”. Igual ocurre con las categorías de educación, vivienda y servicios comunitarios, y actividades recreativas, cultura y religión, esenciales para la prevención e integración social.
Solo un profundo cambio de actitud del Ejecutivo, que se refleje en palabras y hechos y fomente la confianza mutua, permitirá que el llamado de Uccaep genere cambios. Algo similar han propuesto múltiples expertos, dirigentes políticos y activistas sociales, sin mayores resultados.
Mientras la confrontación y el reparto de culpas se mantengan como ejes estratégicos del gobierno, seguiremos contando víctimas, y no solo los fines de semana.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
