EscucharGobernar es un lapso corto para construir el puente entre el presente y el futuro de un país. Frente a la apremiante realidad de la inseguridad, ¿cuál es el puente que nuestro país está construyendo entre su presente y su futuro?
En la vorágine por atajar el alarmante aumento de los homicidios, cíclicamente se proponen nuevas causas de penas privativas de libertad o alargar las estancias en prisión.
El vacío de las propuestas es evidente cuando no intervienen con el mismo ahínco para evitar la comisión de delitos, y, luego, cuando no acompañan de recursos que garanticen las condiciones penitenciarias para que se descuenten las sentencias. La cárcel no puede ser una política de Estado en un país con anhelos de bienestar.
Prevención
Es indispensable arrebatar a tiempo las personas al crimen, impedir que lo vean como sinónimo de proyecto de vida exitoso o que se convierta en su única opción de supervivencia.
Las etapas tempranas de la vida son cruciales para estos equilibrios, por eso Costa Rica apostó por la prevención de la violencia y la inclusión social en la niñez y juventud, no solo como una convicción y compromiso de bienestar social, sino también como parte de sus estrategias de seguridad.
Una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 2019, demostró la efectividad de los Centros Cívicos por la Paz (CCP) como espacios seguros para los niños y los jóvenes, pues en ellos encuentran una oferta programática pública de cuidado, arte, deportes, tecnología y educación.
En el 2021, comenzó la ejecución de los fondos para la construcción de ocho nuevos CCP, que se añaden a los siete existentes; no obstante, queda mucha población infantil y juvenil por alcanzar.
Los factores de éxito y las lecciones aprendidas en los CCP deberían ser conocidas e incorporadas en todas las instituciones públicas que trabajan con población menor de edad, cada una según su campo de competencia, para ampliar la cantidad de espacios seguros donde los niños y jóvenes crezcan con ilusión y esperanza, aprendan a resolver conflictos de manera pacífica y se protejan de los riesgos con los que conviven en sus comunidades.
El feroz recorte de los recursos públicos a la inversión social —a pesar del superávit fiscal— y la marcada desarticulación entre instituciones no refleja que se tenga una visión integral para entender y trabajar las causas de la criminalidad, mucho menos para construir el puente de bienestar que Costa Rica merece y necesita con miras al futuro.
Contención y represión
Se contiene y se reprime lo que no se pudo prevenir, con un costo fiscal y social más alto. Para mover los indicadores, no basta con crear nueva normativa; es urgente dotar a los diferentes cuerpos policiales (Ministerio de Seguridad Pública, OIJ, etc.) de los recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos suficientes para que hagan valer en la calle lo que ordena la ley.
Las prácticas policiales que han mostrado resultados eficaces en el pasado, como por ejemplo los megaoperativos, no pueden desperdiciarse debido a egos, mucho menos si no se propone una acción operativa contundente en su lugar.
Empiezan a verse las primeras delegaciones policiales que se financian con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzó a ejecutarse en el 2021, en lugares escogidos por sus estadísticas de delitos violentos, pero ¿qué más?
¿Qué viene después? ¿Cuáles son las inversiones y dotaciones operativas para los cuerpos de seguridad a la altura de la emergencia que está viviendo el país?
En los tiempos de incertidumbre que atravesamos, la mejor respuesta es una estrategia que nos permita de manera sostenible anticiparnos a la acción delictiva. Este parece un puente hecho de retazos, sostenido por el talento humano policial que da la milla extra por aire, mar y tierra.
Hacinamiento
La sobrepoblación que dejamos en un 5,8 % en mayo del 2022 volvió a subir hasta un 18,39 %, según las autoridades penitenciarias.
No se conocen nuevas propuestas ni planes de inversión en infraestructura penitenciaria, recurso humano o inserción social para atender la población carcelaria actual ni para recibir los ingresos provenientes de la aprobación de nuevas leyes.
Es preocupante seguir escuchando pretextos sin fundamento técnico para no utilizar los nuevos módulos del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, pues han transcurrido 15 meses sin noticias sobre la continuación del proceso administrativo para contar con los recursos para ponerlos a funcionar.
En el 2021, no obstante la estrechez fiscal, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajaron de manera conjunta para la creación de las 746 plazas que permitieron empezar a utilizar los 1.248 nuevos espacios carcelarios que Terrazas aportaba al sistema.
El sistema penitenciario no admite demoras, el puente debe estar construido sobre la coherencia y la responsabilidad en el uso de lo que se tiene, sin quitar el dedo del renglón para aliviar las muchas carencias penitenciarias históricas, que cada vez son más impostergables.
La seguridad no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. El puente para la seguridad de mañana se construye hoy, y el abismo sin puente también.
La autora es exministra de Justicia y Paz.
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La sobrepoblación en las cárceles pasó de un 5,8 % en mayo del 2022 a un 18,39 %, según autoridades penitenciarias.
