EscucharA primera vista, el Presupuesto 2026 podría sugerir cierta prioridad social. Durante la discusión legislativa, la Asamblea aprobó rebajos en la partida de intereses de la deuda y reasignó recursos hacia programas sociales, particularmente vinculados con educación y Fodesaf.
Además, según el informe Consideraciones finales sobre los presupuestos públicos aprobados para 2026 de la Contraloría General de la República, las funciones sociales alcanzan un 53% del gasto sin amortización. Sin embargo, esa lectura es incompleta.
La propia Contraloría advierte de que, aunque la participación relativa del gasto social aumenta ligeramente, este comportamiento “no sería suficiente para revertir la tendencia a la baja que se observa en la participación relativa de las funciones sociales durante la última década”, que pasó de cerca del 62% en 2016 a niveles cercanos al actual. Es decir, el aumento reciente apenas compensa parcialmente una trayectoria descendente.
Además, dentro del gasto social existen retrocesos relevantes. El informe señala que las asignaciones iniciales de recursos de Fodesaf para el Régimen No Contributivo de Pensiones, Comedores Escolares y el programa Avancemos se reducen con respecto al presupuesto inicial y definitivo de 2025.
Adicionalmente, en la certificación del presupuesto de Fodesaf para 2026, el Ministerio de Hacienda indicó que ¢17.000 millones adicionales incorporados por la Asamblea Legislativa –provenientes de rebajos en intereses– se encuentran “en estado de no ejecución”. Es decir, recursos aprobados en la ley de presupuesto que no se programaron para su uso.
Por ello, afirmar que se está priorizando la inversión social sería una conclusión apresurada. Más preciso sería decir que el gasto social se mantiene, pero dentro de un marco de contención fiscal que limita su expansión.
El Presupuesto refleja una lógica donde la estabilidad fiscal continúa siendo el eje dominante, incluso cuando existen espacios marginales para reforzar programas sociales.
¿Está el país dispuesto a fortalecer la inversión social de manera sostenida para enfrentar la pobreza, la desigualdad y el envejecimiento poblacional? A juzgar por las cifras del Presupuesto 2026, esa decisión todavía no termina de materializarse.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
