EscucharA principios del verano en el hemisferio norte, las Naciones Unidas convocaron la Conferencia sobre los Océanos (UNOC, por sus siglas en inglés) en Lisboa, Portugal. El objetivo fue “promover una serie de soluciones innovadoras con base científica que son muy necesarias para iniciar un nuevo capítulo en las acciones mundiales a favor de los océanos”.
Según Miguel de Serpa Soares, sub secretario general de asuntos legales de la ONU, el mundo necesita “océanos gestionados de manera sostenible”; esta autoridad elogió la conferencia y la calificó de “gran éxito”. Ojalá fuera cierto.
No es ninguna exageración recalcar la importancia de los océanos. Debido a que albergan hasta un 80% de toda la vida en la tierra, se constituyen en la biosfera más grande del planeta. Los océanos generan el 50% del oxígeno que respiramos y absorben una cuarta parte de todas las emisiones de dióxido de carbono, que son funciones esenciales para la regulación climática.
También, son de vital importancia económica, ya que aproximadamente 120 millones de personas trabajan en la industria pesquera y actividades relacionadas, y una mayoría de ellas son empleadas por pequeñas empresas que se encuentran en países en vías de desarrollo.
No obstante, a lo largo de las últimas cuatro décadas, los océanos han estado bajo una presión sin precedentes, en gran parte debido al rápido crecimiento de la actividad marítima comercial. Dicho crecimiento es especialmente significativo en las zonas económicas exclusivas (ZEE), contiguas a los mares territoriales y se encuentran a unas 230 millas de las costas de los países.
Concesiones sin vigilancia
El principio de la soberanía nacional con relación a las ZEE se consagró en 1982, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En los años siguientes, los gobiernos vendieron a precios de liquidación vastas extensiones de territorio oceánico mediante licencias y concesiones estatales, es decir, entregaron la gestión de los ecosistemas marinos al sector privado.
Aparentemente, el razonamiento de los responsables de la formulación de políticas los llevó a pensar que las corporaciones tendrían intereses económicos que las conduciría a adoptar prácticas empresariales responsables a fin de preservar los recursos de los cuales ellas estaban extrayendo muchísimo valor.
Pero ocurrió lo contrario, ya que la exploración generalizada de petróleo y gas, la pesca industrial y el frenético comercio marítimo provocaron, como dijo recientemente Peter Thomson, enviado especial de las Naciones Unidas para los océanos, que “la salud de los océanos” ingrese en un “descenso en espiral”.
La acidificación y calentamiento de los océanos alcanzaron niveles récord el año pasado. Solo alrededor del 13% de los océanos se consideran “áreas silvestres marinas” (paisajes marinos que se encuentran biológica y ecológicamente intactos, y que en su mayoría se encuentran libres de perturbaciones humanas). Más de un tercio de los mamíferos marinos y casi un tercio de los corales formadores de arrecifes están ahora en peligro de extinción.
Fue con este telón de fondo que se convocó la UNOC, con el propósito de “detener la destrucción” de los ecosistemas oceánicos. Pero, a pesar de la muy rimbombante retórica, todo lo que surgió de dicha Conferencia fueron vagos pronunciamientos: los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reafirmaron su compromiso de reforzar la gobernanza marítima mediante —entre otras cosas— el fortalecimiento de la recopilación de datos y la promoción del financiamiento dirigido a soluciones basadas en la naturaleza.
Minería en aguas profundas
En los hechos, con excepción de los planes recientemente anunciados por Colombia con respecto a crear cuatro nuevas áreas marinas protegidas, no se asumió ningún compromiso vinculante. Y, lo que es más revelador, no se superó el punto muerto en el que se encuentra el debate sobre la minería en aguas profundas.
Mientras muchas economías avanzadas, entre ellas las de Japón y Corea del Sur, apoyan esta controversial práctica, otros países del Pacífico, como Fiyi y la República de Palaos, exigieron una moratoria a lo largo de toda la industria de la minería en aguas profundas, alegando la falta de datos medioambientales.
La principal conclusión de la conferencia fue que las Naciones Unidas siguen comprometidas con el cambio gradual, manteniéndose el sector privado firmemente en control de dicho cambio. Esto se refleja en el énfasis brindado a las soluciones de “capital natural”, que implican poner un precio a la naturaleza con el propósito de salvarla.
La formulación de políticas neoliberales que creó la crisis actual ha atravesado por un cambio de imagen ideológica. Se pretende decir que en el ámbito donde el capitalismo de accionistas de las corporaciones no logró garantizar la autorregulación de los propietarios privados el “capitalismo de partes interesadas” supuestamente sí tendrá éxito, debido a que las empresas equilibrarán los intereses contrapuestos de los inversionistas, los trabajadores, las comunidades y el medioambiente.
No es difícil darse cuenta por qué el capitalismo de las partes interesadas es tan atractivo: da la impresión de que podemos tener al mismo tiempo el oro y el moro. Pero cuando se trata de los océanos, ya se venció la fecha límite para actuar. Dadas las limitaciones tecnológicas actuales, la protección de los océanos contra una mayor degradación impide cualquier industrialización marítima adicional.
Solo un 1,2% de altamar está protegido
¿Por qué creen las Naciones Unidas, o por ende cualquier otro, que las empresas privadas se convertirán en administradores responsables del planeta? La rápida degradación de los ecosistemas marinos no es de ninguna forma información novedosa; sin embargo, las corporaciones únicamente se han limitado a aumentar sus actividades dañinas.
Siendo realistas, el capitalismo de partes interesadas simplemente aplazará las decisiones difíciles sobre la maximización de las ganancias dentro de un mundo que está limitado por el clima, y dejará que sean las generaciones futuras las que tomen tales decisiones.
El mundo tiene la oportunidad de adoptar un enfoque más prometedor para proteger los océanos: la Conferencia Intergubernamental sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas fuera de la Jurisdicción Nacional. Se espera que las reuniones, en Nueva York, produzcan un marco legal para gobernar todas las áreas marinas que se encuentran más allá de las ZEE de los países costeros.
Altamar comprende el 64% de la superficie de los océanos y alberga los más grandes reservorios de biodiversidad de la tierra. La cantidad de especies que los océanos sustentan es enorme, y se espera que se descubran muchas más. Además, las zonas de altamar están cada vez más concurridas, y cada día que pasa se encuentran más y más amenazadas.
La protección ha sido supervisada durante mucho tiempo por un mosaico formado por diversas agencias internacionales. Como resultado, solo el 1,2% de este frágil ecosistema está actualmente protegido contra la actividad comercial de explotación.
Como me dijo recientemente Guy Standing, profesor asociado de investigación en la Universidad de Londres, hay pocas razones para creer que la conferencia hará mucho a favor de “hacer retroceder el poder de las corporaciones oligopólicas” en aguas no territoriales.
Por el contrario, simplemente terminará siendo otra oportunidad para que las Naciones Unidas pregonen la narrativa sobre que el afán de lucro, que en gran medida es responsable de la destrucción de los océanos, puede impulsar las acciones necesarias para salvarlos.
Como dice Standing, si vamos a salvar nuestros océanos, debemos revertir su privatización. Eso significa presionar a favor de que se realicen compromisos vinculantes, se aprueben regulaciones eficaces y se pueda confiar en las acciones tomadas para exigir su cumplimiento. Sobre todo, significa reconocer que al verdadero valor de los océanos no se le puede poner una etiqueta con precio.
Alexander Kozul Wright es investigador en Third World Network.
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