Se invirtieron $24 millones en una nueva cárcel, que no se usa por falta de recursos. A esto se suman otros $24,1 millones de un sistema de tobilleras que, según el jefe policial de San José, prácticamente no se monitorea.
Paralelamente, el más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos señala como una de nuestras mayores debilidades en derechos humanos el hacinamiento penitenciario. ¡Paradójico!
La nueva cárcel en Alajuela, entregada hace pocos meses, tiene capacidad para albergar a 1.250 privados de libertad, mide 17.000 metros cuadrados y cuenta con varios edificios. Es un ejemplo por sus múltiples facilidades, como patios, talleres, clínica y biblioteca, por citar solo algunas.
Desde la concepción del anteproyecto, fui defensora de las grandes posibilidades que brindarían al país una legislación y una plataforma de medios electrónicos.
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En vista de que la sobrepoblación carcelaria es un eslabón tan débil, más aún luego de la creación de los tribunales de flagrancia, contar con medidas alternativas sonaba muy atractivo, por sus costos y por ser una opción no privativa de libertad conveniente para facilitar la reinserción social.
Los medios electrónicos también podían convertirse, como en otros países, en mecanismos de protección más expedita para las víctimas de violencia doméstica, dado el preocupante incremento de feminicidios y denuncias por violencia intrafamiliar.
La misma Contraloría General de la República, antes que el director de la Policía Municipal, señaló las graves deficiencias del sistema, como el hecho de que en cinco meses se reportaron 907.956 alertas provenientes de una población de 1.485 personas.
Estas cifras denotan serios problemas de delimitación a los usuarios y nula capacidad de respuesta de las autoridades. No es de extrañar que un exiguo 3 % de las solicitudes fueran inmediatamente atendidas. ¿Y el 97 %?, un limbo de impunidad e inseguridad para la ciudadanía.
Los recursos son siempre escasos, y esa ha sido la justificación de muchos rezagos en el país, por eso duele cuando vemos millonarias inversiones en las cuales está ausente un principio básico de la buena administración y gobernanza: el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos.
La autora es politóloga.