Recientemente se celebró un evento de gran trascendencia no solo para el país, sino para todo el continente, que fue la apertura del año judicial interamericano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede aquí en nuestra ciudad capital.
En la inauguración del año judicial interamericano, participó en representación del gobierno de Costa Rica el vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, y en su discurso manifestó el apoyo incondicional del país al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al señalar que “Costa Rica tiene con esta institución un lazo irrompible” y comparte “la visión de un mundo donde la democracia plena deje de ser una aspiración y se convierta en la realidad de los pueblos que solamente la anhelan”.
Tiene razón el vicepresidente al señalar la tradición del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y su vinculación con nuestro país. Desde la creación del sistema de protección de los derechos humanos, Costa Rica ha sido un actor importante, y no un simple espectador, ofreciendo nuestra capital como sede de la Corte, sometiéndose a su jurisdicción, promoviendo los derechos humanos y, sobre todo, cuando ha correspondido, cumpliendo con las sentencias que han establecido responsabilidades para el país.
Aunque normalmente la protección internacional de los derechos humanos se considera una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por lo horrores sufridos por millones de víctimas, especialmente civiles de diferentes orígenes y por cuestiones principalmente raciales o religiosas, según el jurista Thomas Buergenthal, quien también fue integrante de la primera Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus orígenes se pueden retrotraer hasta el Congreso de Panamá de 1826; cuando “Simón Bolívar demandó estudiar la posibilidad de una confederación de Estados latinoamericanos”.
Ese interés se mantuvo a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX por medio de conferencias internacionales y convenciones sobre derechos de extranjeros, asilo, mujeres, niños, discriminación racial, entre otros. Nuestro país tuvo siempre una posición activa en todo este proceso que se remonta a su vocación humanista, reflejada desde 1824 en la abolición de la esclavitud, la peor crueldad de explotación humana.
Pasos trascendentales por los derechos humanos
Por eso no es de extrañar que en 1948 se estableciera la Organización de los Estados Americanos y se adoptara la Declaración Americana de Derechos Humanos, que incluso antecedió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En nuestro país en ese mismo año de 1948, un primero de diciembre, se tomó la decisión más trascendental en nuestra historia reciente, la abolición del ejército. Lo que nos distinguió del resto de los países de la región, caracterizados por represiones constantes, golpes de Estado, instauración de dictaduras de todo tipo, en las que los ejércitos han desempeñado un rol fundamental en alianzas con las clases políticas.
Lo que nos ha permitido también utilizar los recursos públicos en inversión social, salud y educación, en lugar de destinarlos a inútiles ejércitos, como lo hacen la mayoría de los países de la región. Pero sobre todo fortaleció nuestro sistema político y social, de la mano de la creación en 1949 de otra institución fundamental como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones, garante de la transparencia de los procesos electorales hasta la fecha, hechos que han formado la sociedad democrática y civilista que distingue a Costa Rica.
Sin embargo, las declaraciones de derechos humanos no son suficientes, sobre todo en un continente como el nuestro, caracterizado desde el nacimiento de sus repúblicas por una historia de discriminación, racismo, pobreza, desigualdad, corrupción y exclusión social. Por eso nació en 1969 un instrumento internacional con fuerza de vincular a los Estados en el respeto de la dignidad humana de todas las personas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nacimiento que se produjo aquí en San José, Costa Rica, y desde esa fecha se le conoce como el Pacto de San José, que entró en vigor en 1978.
Qué es el Pacto de San José
El Pacto de San José establece un catálogo amplio de derechos, libertades y garantías para todos los ciudadanos, que procura consolidar “instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social” en nuestro continente.
Para garantizar su cumplimento y que los derechos humanos no sean una cuestión teórica, abstracta y sin vida, la Convención establece dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este tribunal internacional regional se instauró en San José en 1979 y tiene, como órgano judicial internacional, tres competencias: una consultiva, la otra, el dictado de medidas provisionales, en casos de extrema gravedad y urgencia, así como la competencia contenciosa, cuando establece la responsabilidad del Estado por violación a derechos humanos.
Aparte de albergar en San José desde un inicio la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese lazo con el país también se ha reflejado en la estrecha participación de juristas costarricenses, lo cual ha sido fundamental. Desde la instauración de la integración del primer tribunal, se eligió juez a Rodolfo Piza Escalante, quien fue el primer presidente de esta Corte internacional, y primer secretario a Manuel Ventura Robles, quien posteriormente fue juez y vicepresidente de la Corte, igual que Sonia Picado Sotela, quien además se había desempeñado en el cargo de directora ejecutiva durante diez años del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también con sede en San José, encargado de la promoción, divulgación y educación en derechos humanos.
Posteriormente, fue elegida la prestigiosa jurista, exjueza de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, quien también presidió la Corte. Actualmente, dentro de la integración de los jueces, se encuentra la jurista costarricense, exmagistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández López. No solo esta participación de juristas costarricenses ha sido relevante para el funcionamiento y desarrollo de la Corte, sino también tener la sede en San José, por la estabilidad política y social de nuestro país.
Efectos sustantivos
Los fallos o sentencias de la Corte han establecido importantes estándares para la región, de cumplimiento obligatorio en diferentes temáticas, todos de enorme relevancia, los cuales son fuente obligatoria para la resolución de casos judiciales. Como, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, de la primera sentencia de 1988, ejecuciones extrajudiciales, tortura, límites a la justicia militar, uso de la fuerza pública, pena de muerte, debido proceso, protección judicial y acceso a la justicia, entre otros.
Digno de señalar son los aportes que ha establecido esta Corte internacional en el desarrollo interno de la protección de los derechos humanos en nuestro país, en asuntos tan importantes como la no obligatoriedad de la colegiatura para el ejercicio del periodismo, los estándares en materia de libertad de expresión, opinión y prensa, así como en materia de igualdad de género y no discriminación a parejas del mismo sexo.
Más recientemente, sobre fecundación in vitro, en relación con la salud sexual y reproductiva, y un reciente caso de discriminación por discapacidad intelectual. Estos fallos no solamente han contribuido al desarrollo de la protección de los derechos humanos en Costa Rica, sino también al fortalecimiento de la institucionalidad.
Dignos de mencionar son la creación de la Defensoría de los Habitantes (1993) y, sin duda, de la Sala Constitucional (1989), garante de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución.
La contribución de la Corte Interamericana al país y al continente ha sido decisiva en el desarrollo del sistema democrático y para el fortalecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, enfrenta grandes desafíos en el contexto actual de deslegitimación institucional, violencias, desigualdades sociales y económicas, retrasos educativos, intolerancias, discriminación y desinformación.
Los derechos humanos y sus conquistas no están escritas en piedra y se pueden perder, por eso es tan importante conocerlos y saber de nuestro acervo histórico, para no perderlos.
El autor es abogado.
