Columnistas

Salarios ministeriales

El nuevo mandatario haría bien si incorpora la rectificación a sus prioridades

El presidente electo, Rodrigo Chaves, criticó la baja remuneración de los ministros y la caracterizó como un obstáculo para integrar el gabinete. No es el primer mandatario en decirlo, y todos han tenido razón. La función pública expone a sus titulares a diversos riesgos, algunos para la reputación y otros legales. También les impone obligaciones especiales —como las meticulosas declaraciones de bienes, donde no hay margen de error— y una especial tolerancia al escrutinio público. Todo eso sin contar el peso de las responsabilidades del cargo propiamente dichas.

Son razones suficientes para pensarlo dos veces antes de aceptar, pero hacemos mal en rematarlas con una base salarial de ¢1,3 millones. Esa “compensación” queda muy corta en relación con el mercado gerencial y con los ingresos de infinidad de funcionarios de carrera con cargos de menor rango y responsabilidad. Decenas de policías de tránsito de la Universidad de Costa Rica superan la suma citada y una información publicada por La Nación en el 2018 dio cuenta de cientos de mandos medios con remuneraciones superiores a las del jerarca de las instituciones donde laboraban.

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), había 369 funcionarios, casi la mitad de la planilla, con salarios superiores al del ministro. En el Ministerio de Justicia, 456 trabajadores estaban mejor pagados que la ministra, y la historia se repetía en las carteras de Hacienda, Salud y Cultura.

A juzgar por las complejidades del cargo, un ministro debería ganar mejor que un diputado. Todos los parámetros utilizados para fijar remuneraciones lo indican. Si es por personal a su cargo, es difícil superar, en el ámbito público o privado, a la ministra de Educación, con 90.000 empleados. Si es por complejidad de las funciones, Hacienda destaca entre muchos ejemplos posibles. Si el riesgo pesa en la remuneración, basta con volver los ojos a Seguridad Pública. Y, así, cada parámetro concebible inclina la balanza hacia los ministros, pero no se refleja en la remuneración.

Si la fijación de un salario apenas competitivo ha sido imposible durante décadas, es imprudente hablar de compensaciones mayores que las percibidas por los diputados. No obstante, ¿cabe alguna duda de la justicia de pagarles igual? El servicio público no debe ser un sacrificio económico desproporcionado ni un coto de quienes no necesitan el ingreso. El nuevo mandatario haría bien si incorpora la rectificación a sus prioridades.

agonzalez@nacion.com

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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