La discusión se ha planteado como libertad individual frente a intervención del Estado. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que no siempre las decisiones se toman pensando en el largo plazo. Según Supén (2020), cuando se permitió el retiro total, el 54% de los recursos se consumió en un año o menos y el 85%, en menos de tres años.
Muchos destinaron esos fondos a pagar deudas, mejoras de vivienda o gastos médicos. Es comprensible: las necesidades apremian. Pero el resultado es claro: el complemento de la pensión desaparece rápido y la persona queda sin ese respaldo en los años siguientes.
El Banco Central emitió recientemente criterio negativo a dos proyectos que permitirían el retiro total del ROP al jubilarse. Señala que el ROP se invierte a largo plazo y en un mercado local poco profundo; si se obliga a liquidar grandes montos en poco tiempo, podrían generarse presiones temporales sobre inflación y tasas, así como movimientos cambiarios derivados de la venta de inversiones externas.
Quienes impulsan los proyectos sostienen que el impacto sería manejable. Las operadoras advierten de que liquidar cientos de miles de millones en un mercado pequeño no es neutro.
Pero más allá del tamaño exacto del efecto macroeconómico, el riesgo principal es más humano que técnico: si el ROP deja de ser un ingreso periódico y se convierte en un pago único, la mayoría lo utilizará en el corto plazo y perderá ese apoyo más adelante. Y si, en el futuro, el IVM debe ajustarse, el golpe será doble: menor pensión básica y sin complemento.
La discusión de fondo es cómo garantizar una vejez más segura en un país que envejece rápido. Eso implica revisar modalidades, mejorar información y transparencia, y fortalecer el sistema en su conjunto, no desmontarlo pieza por pieza en nombre de una solución inmediata.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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