La reactivación del proyecto sobre la elección de diputados, por petición del grupo Poder Ciudadano ¡Ya!, es un paso trascendente en la reforma institucional necesaria en nuestro país.
La reforma plantea la elección de 42 legisladores por distritos electorales y otro 42 por listas nacionales. Además, propone la reelección hasta por dos períodos adicionales.
La mayor parte de los problemas costarricenses han tenido su origen en los desaciertos de la Asamblea Legislativa, donde se aprueban, un día sí y otro también, privilegios y derechos para sus clientelas, sin asignar recursos ni establecer mecanismos de control y rendición de cuentas.
Son los diputados quienes han dado el visto bueno a las leyes de pensiones de privilegio y a los premios y las exenciones sin ningún propósito, más allá del beneficio de grupos de poder. Poseen un departamento técnico y decenas de asesores, pero, a pesar de todos esos recursos, que deberían orientar y fundamentar su gestión para el beneficio nacional, hacen mesa gallega con el presupuesto nacional mediante la creación de instituciones duplicadas para colocarse ellos mismos al finalizar su período o a sus clientes políticos.
El hecho de que actualmente no puedan reelegirse convierte a los diputados en sujetos de presiones del Ejecutivo y otras fuerzas políticas, que les condicionan los ingresos, durante los cuatro años siguientes a su gestión, a la aprobación de proyectos patrimonialistas.
Complementos. La reforma apunta en la dirección correcta, pero debe completarse con mecanismos de rendición de cuentas, incluida la revocatoria del cargo.
Sin la rendición de cuentas y la imposibilidad de perder la curul, la reforma pierde fuerza e importancia en la vida institucional. No estimularía la movilización de los electores tanto en los distritos como en el ámbito para dar seguimiento y exigir resultados.
Los diputados gozan hoy una situación de privilegio irresponsable al margen del artículo 11 de la Constitución, que exige “evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes”.
La situación debe cambiar con la reforma, la cual debe ir acompañada de informes anuales a los electores sobre la gestión parlamentaria, que puedan ser sometidos a referéndum y definan la eventual pérdida del cargo.
De otra forma, el proyecto propuesto no empodera a la ciudadanía y corre el riesgo de dejar todo igual. Se convertiría en un proyecto más de cambiemos para que nada cambie.
Los pesos y contrapesos son la razón de las virtudes de la República y de la democracia.
El autor es sociólogo.
