EscucharRecientemente, circuló en las redes sociales la carta de renuncia de un funcionario judicial de vasta experiencia y alto nivel técnico que, a manera de protesta pública, expuso las razones por las cuales se marchaba del Poder Judicial.
En la misiva es notoria su desazón por la afectación que, en los últimos años, sufrió su estipendio mensual por causa de distintas reformas legislativas, entre estas, la entrada en vigor de la ley de empleo público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sobre esto, en los últimos años, he observado con gran preocupación el éxodo de valiosos funcionarios judiciales con una alta formación académica, que han renunciado para desempeñarse en el sector privado, y otros que han adelantado su jubilación por la disconformidad con las condiciones laborales.
Dichosamente, aún quedan funcionarios de alto nivel a cargo de las responsabilidades judiciales; no obstante, si no se llevan a cabo enmiendas urgentes, otros podrían sumarse a dicha huida en cualquier momento, en mayor detrimento de la justicia costarricense.
El dilema: cuando inicié mi aventura profesional como funcionario judicial a mediados de los noventa, un amigo juez —ya veterano— me contó a manera de anécdota que, décadas antes, los abogados recién graduados para ejercer la profesión afrontaban el dilema de elegir entre el sector privado o el público (concretamente ingresar al Poder Judicial), ya que la diferencia salarial entre uno y otro no era muy significativa.
Además, en aquellos tiempos, ser funcionario judicial era una seria aspiración para muchos de los futuros profesionales, por lo que bastantes ni siquiera lo pensaban. Esto llevó a que, durante varios decenios, los estudiantes universitarios más notables académicamente eligieran laborar en el Poder Judicial, tornándose los servicios prestados por este poder estatal en un modelo para Latinoamérica en virtud de su notable eficiencia y la buena calidad del recurso humano.
Régimen salarial debilitado
Este alto nivel profesional dio abundantes frutos que aún perduran, como lo es, por ejemplo, una vasta producción de doctrina jurídica, así como un importante desarrollo de las ciencias forenses, cuyos contenidos son todavía referentes en las aulas universitarias y en los cursos de capacitación de los funcionarios judiciales costarricenses.
La constante de excelencia profesional se mantuvo por varias décadas; sin embargo, en los últimos años, el dilema de los talentos recién graduados ya no existe debido a los cambios sustanciales que han debilitado el régimen salarial judicial.
Es una verdad de Perogrullo que a muchos profesionales destacados (abogados, médicos, psicólogos, etcétera) hoy día no les interesa incorporarse al Poder Judicial una vez cumplida su formación profesional jurídica o forense.
Profecía autocumplida: lo anterior ha impactado la calidad de la justicia (penal y de otras materias), sobreviniendo una preocupante decadencia, pese a que paralelamente la criminalidad es cada vez más sofisticada porque se vale de los últimos avances tecnológicos para cometer sus fechorías.
Además, las dificultades de la persecución criminal se incrementan por las limitaciones presupuestarias que impiden contar con tecnología de punta para las investigaciones judiciales.
Nuevos incentivos
Se ha descalificado sin contemplación toda acción realizada por los propios funcionarios judiciales para mitigar eventuales nuevos debilitamientos del régimen salarial y, de manera contraproducente, resultado de una profecía autocumplida, los mismos que impulsaron esas reformas laborales que son causa de la decadencia del régimen salarial de los funcionarios judiciales, a la vez, demandan del Poder Judicial una respuesta eficiente que no está en capacidad de brindar.
Si no se toman acciones con prontitud dirigidas a fortalecer nuevamente el sistema judicial, muy pronto estaremos lamentando su rapto total por la corrupción, sin posibilidad de dar marcha atrás.
Utopía ética: es una ingenua utopía pretender que el Poder Judicial sea el equivalente a un claustro de religiosos, por lo que se torna obsoleta la idea de que la función judicial debe ser ejercida por personas incorruptibles y que el aspecto salarial constituye un elemento residual o secundario.
Innegable es que lo ético debe ser una cualidad preponderante del recurso humano para el desempeño de cualquier función estatal, pero también —como se ha dicho— el aspecto salarial es muy importante.
Urgen incentivos para atraer nuevamente a profesionales de elevado perfil que perciban una digna remuneración económica para blindar al sistema judicial contra la corrupción funcional y puedan atenderse con eficiencia los desafíos derivados de la compleja criminalidad contemporánea que tanto daño causa a la sociedad y a la democracia.
Como colectivo social debemos preguntarnos si queremos una justicia de calidad. Si la respuesta es sí, asumamos el costo que representa. Ojalá no sea muy tarde.
El autor es abogado.
