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Prioridades sindicales

Los ¢107 millones pagados en 14 meses a 11 dirigentes equivalen al presupuesto para mejorar sedes policiales

“Ese pago es absolutamente desproporcionado e irracional. Es cierto que es legal porque está fijado en la convención colectiva, pero no es moral ni es ético. Ha sido utilizado por la Municipalidad para lograr la complicidad de los sindicatos que lo perciben”. La cita pudo ser extraída de una respuesta de La Nación a la defensa ensayada por la ANEP del cobro de ¢183.000 por sesión de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de San José, pero la frase no es nuestra, sino de Susan Quirós, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sindicato con más de 600 afiliados en el ayuntamiento.

“Somos el segundo sindicato más grande de la Municipalidad de San José. Estamos presentes desde el 2018; por eso, no somos firmantes de la convención colectiva (...). Consideramos que a los representantes sindicales no se les debería pagar una dieta por ir a representar a los trabajadores en la Junta de Relaciones Laborales, porque es parte de las funciones de un líder sindical, es parte de los compromisos que asume cuando acepta el cargo”, añadió la dirigente.

La práctica es inusual y los montos son exagerados. No obstante, la ANEP se limita a reafirmar la legalidad del arreglo entre la administración y los sindicatos sin importar las consecuencias para el presupuesto de la Municipalidad y sin ninguna consideración para el contribuyente josefino.

Ese es el sindicalismo conducente a la bancarrota del movimiento en la actualidad. Intenta vender como “conquistas” los privilegios extraídos para disfrute de sus dirigentes y afiliados, generalmente bien pagados en relación con el resto de los trabajadores, que lejos de gozar de iguales beneficios se ven obligados a financiarlos, sea con el pago de impuestos o con la obligada renuncia a servicios carentes de presupuesto.

Los ¢107 millones cancelados en catorce meses a once dirigentes equivalen al presupuesto para mejorar sedes policiales, instalar cámaras de vigilancia y dotar de alcantarillado pluvial a Bella Vista, en Pavas. Sin embargo, el dinero destinado a reparar las instalaciones de la Policía no alcanza para todas las mejoras necesarias, Bella Vista no es la única comunidad urgida de alcantarillado y hacen falta muchas cámaras para vigilar lugares públicos, pero lo primero es cumplir el compromiso con la dirigencia sindical. Los demás gastos no están en la convención colectiva y la población capitalina no participa en la negociación donde se fija el destino de su dinero.

agonzalez@nacion.com

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

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