Escuchar este artículoDos acciones tienen un fuerte impacto en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): el aumento retroactivo para los trabajadores de la institución y la posible venta del Banco de Costa Rica (BCR).
Sin estar obligados al pago retroactivo y contra el criterio técnico de la Dirección Actuarial, primó la recomendación del gerente financiero, más centrado en flujos y menos en el futuro de la CCSS, acuerpado por la mayoría de la Junta Directiva.
Sin desconocer el esfuerzo del personal del sistema de salud, a quien el país reconoce su heroísmo y entrega de siempre, pero aún más en esta pandemia y entendiendo que estamos en un ciclo inflacionario, tal aumento debe ser sopesado responsablemente por sus implicaciones en las finanzas de la institución, además del efecto cascada que pueda tener en el resto del sector público, que reclamará un trato equivalente.
El aumento retroactivo significa una erogación cercana a los ¢30.000 millones, monto que supera el presupuesto anual de varios ministerios, y un crecimiento futuro del presupuesto anual en ¢10.000 millones.
La venta del BCR, por su parte, supondría la pérdida de una contribución del 15% de las utilidades a varias instituciones, el porcentaje más alto afectaría al fondo del IVM, que tan solo en el 2021 ascendió a ¢11.482 millones. Si bien esta contribución no soluciona la sostenibilidad del régimen por ser las utilidades variables y bajas en relación con el monto total del fondo, resulta inoportuno para un régimen que se debilita y, más aún, debido al envejecimiento de la población, que vino para quedarse.
Extraño una visión más integral y hacia el futuro, pues mientras, por un lado, el gobierno hace un valioso esfuerzo por ampliar la base contributiva con medidas pertinentes, tales como la autorización del pago de las cargas sociales en relación con el tiempo laborado, lo que incorporará a miles empezando con los menores de 35 años, y promueve iniciativas que facilitan la formalización, como el disminuir el cobro retroactivo de 10 a 4 años de los independientes, por otro, toma medidas o contempla algunas que erosionan la sostenibilidad de la institución y del régimen.
La autora es politóloga.
