Columnistas

Poner las dietas a dieta

El pago de dietas por participar en sesiones de órganos colegiados, tanto bancarios como municipales, se fijan sin transparencia y porque los ciudadanos lo permitimos

Los ciudadanos hemos permitido a gobernantes y funcionarios crear un Estado incongruente que facilita el uso abusivo del dinero público. El pago de dietas es uno de estos. Los montos son tan asimétricos y arbitrarios que se convierten, en varios casos, en privilegios antes que en una retribución por aportes hechos en una sesión.

Ejemplo patético conocido es el de la Junta de Relaciones Laborales de la Municipalidad de San José. Cada uno de los 11 miembros propietarios cobra ¢183.000 por sesión y se reúnen hasta seis veces al mes para discutir reclamos, amonestaciones, despidos e incluso la negociación de la convención colectiva de los 2.800 funcionarios. Los 11 sindicalistas tienen, prácticamente, la dieta de un miembro de una junta directiva de un banco público, aunque un abismo económico y de responsabilidades los separa.

Los directivos de los Bancos Nacional, de Costa Rica y Popular perciben ¢210.000 por asistir a las reuniones de las juntas (¢27.000 más que los sindicalistas), pero sus responsabilidades son mayores porque cada decisión tiene consecuencias en la estabilidad financiera institucional y también efectos penales. El pago a estos directivos, además, es tomado de las utilidades de los bancos; el de los sindicalistas, de los impuestos cobrados a los habitantes del cantón.

Es irracional y exagerado. Los sindicalistas reciben hasta ¢12,6 millones al año, cuando en el Banco Nacional (uno o el más grande de Centroamérica) lo máximo que obtuvo un directivo en el 2020 fueron ¢11,9 millones. ¿Cómo llegó el Estado a esos privilegios?

En la Municipalidad de San José, ocurrió porque la convención colectiva lo permite y quien la negocia es la misma Junta de Relaciones Laborales. ¡Así, hasta yo!, diría doña Niní Chinchilla (q. e. p. d.), historiadora, diputada entre 1978 y 1982 y célebre por sus duros ataques contra los abusos en el Estado.

Tampoco significa que los pagos en los bancos sean los ideales. La Junta Directiva del Popular nos cuesta ¢211 millones al año, y las del Nacional y de Costa Rica, ¢88 millones cada una. ¿Por qué en el banco de los trabajadores los directivos cobran el doble? Sin duda, es hora de que los ciudadanos exijamos transparencia y racionalidad en las dietas.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga

Armando Mayorga

Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.

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