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En un reciente artículo, don Ottón Solís critica los “aranceles recíprocos” del gobierno de los Estados Unidos hacia Costa Rica y su guerra comercial con China. Argumenta que este país mantiene un sistema de subsidios industriales comparable al chino, que las justificaciones para los aranceles son hipócritas y que nuestro país debería abandonar lo que él considera una posición “sumisa” frente a Washington.
Ironiza, además, sobre las razones de Costa Rica para no otorgarle a una empresa china el despliegue de la red 5G de telecomunicaciones. Don Ottón concluye pidiendo una defensa más digna de los intereses nacionales, tras contrastar nuestras “distorsiones ínfimas” con los masivos programas de apoyo estatal estadounidenses.
Don Ottón tiene razón al señalar que Estados Unidos ha ejecutado políticas industriales que dieron origen a sectores tecnológicos completos y, efectivamente, tiene “techo de vidrio” cuando critica los subsidios ajenos mientras mantiene los propios.
Los masivos subsidios agropecuarios y los programas de apoyo a la industria de defensa son evidencia clara de que el discurso del “libre mercado” coexiste con una intervención estatal considerable. En el sector agropecuario, particularmente, los apoyos estatales son enormes y de larga data, lo que hace contradictorias las críticas a políticas similares en otros países.
Igualmente, repudia acertadamente la imposición del arancel “recíproco”, pues no tiene fundamento en el derecho económico internacional. Sin embargo, este arancel del 10% se calculó con base en el déficit comercial bilateral, no como respuesta específica a las medidas comerciales que él menciona: impuestos a bebidas alcohólicas, contratación preferencial estatal, barreras sanitarias y derechos de propiedad intelectual.
Estas últimas se abordan separadamente a través del National Trade Estimate Report (NTE) que publica anualmente la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). No obstante, es claro que estas denuncias han funcionado como palanca de negociación, incentivando a Costa Rica a sentarse a la mesa para abordar dichas barreras comerciales que, efectivamente, existen y requieren atención.
Por otra parte, algunos gremios y analistas han aprovechado para criticar el CAFTA-DR. Es cierto que el tratado no previno la imposición unilateral del arancel del 10%, pero esto refleja una realidad fundamental de cualquier acuerdo: cuando una de las partes decide no colaborar y actúa unilateralmente, ningún tratado puede funcionar bien. Esto no desmerece los tratados per se, sino que evidencia los límites del sistema mundial de comercio. No existe un policía del mundo.
El orden económico internacional, inspirado en el principio de interdependencia propuesto por Kant y los liberales clásicos y llevado a la práctica por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado súbitamente. Pero la alternativa, no tener acuerdos comerciales, habría dejado a Costa Rica en una posición aún más vulnerable, sin los beneficios acumulados durante casi dos décadas de crecimiento económico sostenido, acceso preferencial a mercados, acumulación de capital, empleos de calidad y bienestar para el consumidor.
Particularmente, gracias a CAFTA-RD se han creado miles de buenos empleos en sectores muy dinámicos como servicios empresariales, manufactura avanzada y dispositivos médicos, donde Costa Rica se convirtió en el segundo mayor exportador de América Latina y alberga varias de las empresas más grandes del mundo.
Además, el país se ha consolidado como una potencia agroindustrial y uno de los mayores proveedores de productos agrícolas en Estados Unidos, incluyendo piña, banano, raíces y café, que a su vez son generadores de empleo, fundamentales en las zonas rurales.
En el caso de Huawei, al que me referí en un artículo del 4 de noviembre de 2023, la posición de don Ottón, que minimiza las preocupaciones sobre espionaje de “nuestra tecnología militar, espacial o industrial” revela una comprensión incompleta de los riesgos reales.
El problema no se limita únicamente a las amenazas evidentes contra la seguridad nacional, sino que abarca un riesgo económico más amplio: la posible exposición de las empresas estadounidenses que operan en Costa Rica, las cuales constituyen la mayor parte de la inversión extranjera del país y representan un pilar fundamental de nuestra economía.
La decisión sobre Huawei no fue un caso aislado de “sumisión” costarricense. Once países de la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Japón, entre otros, han tomado medidas similares con base en preocupaciones compartidas.
Costa Rica simplemente aplicó el mismo pragmatismo que don Ottón alaba en Alexander Hamilton: tomar decisiones adaptadas a las realidades de la geopolítica para proteger los intereses económicos fundamentales del país.
Las empresas tecnológicas estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares y emplean a cientos de miles de costarricenses, tendrán preocupaciones legítimas sobre operar en redes instaladas por empresas chinas, especialmente en un contexto geopolítico desafiante.
El debate, entonces, debería centrarse en qué opciones verdaderas tiene Costa Rica para maximizar su prosperidad y autonomía mientras navega con pragmatismo la realidad actual, independientemente de las inconsistencias de las grandes potencias.
La verdad incómoda es que Costa Rica tiene opciones limitadísimas. Una neutralidad política, comercial y tecnológica, que sería un escenario alternativo, tendría ventajas teóricas significativas: inmunidad a guerras comerciales entre terceros, acceso universal a mercados y tecnologías, y credibilidad como mediador internacional.
ASEAN, la comunidad de países del sudeste asiático, ha discutido recientemente adoptar una posición de neutralidad frente a la rivalidad Estados Unidos-China. Suiza, por su parte, ha mantenido exitosamente su neutralidad durante décadas, y es un centro financiero y tecnológico global.
Sin embargo, los costos de transición para Costa Rica serían potencialmente altos: riesgos para tres cuartas partes de la inversión extranjera directa y el 40% de nuestras exportaciones, desmantelamiento de cadenas de valor que emplean a cientos de miles de personas, y años de incertidumbre económica mientras se construyen alternativas efectivas.
Suiza pudo desarrollar su neutralidad a lo largo de dos siglos con ventajas geográficas únicas, y ASEAN, por su parte, representa un bloque de casi 700 millones de personas con poder de negociación colectivo que Costa Rica simplemente no posee.
El pragmatismo no es sumisión, sino el reconocimiento de nuestras características, limitaciones y opciones. La verdadera soberanía nacional se construye adaptándose estratégicamente al entorno internacional y manteniendo relaciones que generen beneficios concretos para el país. La toma de decisiones en materia de política exterior requiere navegar una intrincada red de consideraciones económicas, políticas, técnicas y de seguridad. Costa Rica debe encontrar el equilibrio entre promover su desarrollo sin comprometer sus relaciones estratégicas más importantes.
victor.umana@incae.edu
Víctor Umaña es economista.
