Profunda preocupación me causó la expresión que, semanas atrás, hizo el señor expresidente Rodrigo Chaves cuando manifestó en un evento público que, después de las últimas elecciones, solo faltaba “recuperar el Poder Judicial” y que él daría su mayor esfuerzo para “recuperar ese poder de la República”, una clara referencia a la intención de concentración de poder por parte del movimiento político que él representa.
Siempre dimos por descontado que en un país como Costa Rica, que se ha caracterizado por su sólida trayectoria democrática, los ciudadanos tenemos plena conciencia de la importancia y respeto a las instituciones del Estado para la validez de nuestro sistema republicano, que se caracteriza, entre otras cosas, por el principio de separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Los poderes así separados representan un mecanismo de “pesos y contrapesos” que evitan la concentración de poder, los abusos y la corrupción estatal. Se pretende un equilibrio y la estabilidad democrática que derivan de la Constitución Política, de los derechos, libertades y garantías ciudadanas que ahí se contemplan.
Esta forma de organización política ha sido siempre muy apreciada por los costarricenses porque ha sido clave para la calidad de vida y el nivel de desarrollo que –durante décadas– hemos sostenido a nivel latinoamericano, cuyos índices casi siempre alternan los tres primeros lugares junto a Uruguay y Chile. No en vano nos hemos sentido orgullosos por el reconocimiento internacional que esto nos ha deparado. Pese a la degradación actual de la seguridad ciudadana y de otros índices relevantes, la solidez de lo construido durante décadas no se ha desvanecido.
Claramente, no existe sistema de organización política perfecto, pero no por ello debe cuestionarse la esencia, legitimidad y continuidad de las instituciones que componen cada uno de los poderes del Estado.
Los desaciertos cometidos por algunas personas en su paso por los diferentes poderes de la administración estatal no deben llevarnos a cuestionar la validez del sistema, que ha sido un ejemplo por seguir y, adicionalmente, con una aparente impermeabilidad ante la hipotética posibilidad de que se llegue a instaurar una autocracia.
Propiamente, el sistema de separación de poderes y el papel de control recíproco que cada uno de estos pilares desempeña es fundamental para evitar la concentración de poder en una persona (o un grupo) sin ninguna limitación legal, institucional o electoral. Eso es lo que ha sucedido en otros países donde el precio pagado ha sido muy caro, principalmente cuando se trata del menoscabo de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Lo más preocupante de algo que parece obvio es que muchas personas, por diversas razones, no tienen la menor idea o no visualizan el peligro real que actualmente representa la posibilidad de que se instale en nuestro país una autocracia y el daño que significaría que un sistema de gobierno de esa naturaleza llegue a materializarse.
Se ha vendido la falsa idea, por parte de quienes sueñan con una autocracia, de que un cambio de paradigma –le llaman “tercera república”– es lo idóneo. Pero, como es sabido, no siempre las nuevas fórmulas son las mejores. Con ese objetivo, sistemáticamente se ha desprestigiado la composición actual del Estado. Ese panorama sombrío de desestabilización democrática, que veíamos tan lejano, está más cerca que nunca.
Independencia del Poder Judicial
Dentro del esquema de organización política republicano y de la separación de poderes, uno de los baluartes esenciales lo representa el Poder Judicial, precisamente porque impone límites que son infranqueables frente a la concentración de poder. Por esa razón, degradar y controlar el sistema de justicia es la tentación principal para quienes conciben aspiraciones autocráticas.
En esta dinámica, es fundamental que los operadores de justicia mantengan independencia frente a los demás poderes estatales para ejercer un control eficaz, con el fin de evitar que se subleve la creación y reforma de leyes a su conveniencia (Legislativo) y, también, que no se condicione o desvíe su correcta aplicación a favor de intereses perversos (Ejecutivo).
En la obra El Espíritu de las Leyes, de Montesquieu, se establece que, para salvaguardar la libertad política y evitar la tiranía, se requiere necesariamente un poder judicial que sea independiente (de los controles externos, de las influencias políticas o de los intentos de manipulación).
Para lograr el propósito democrático del poder judicial y que este no sea secuestrado, se requiere una composición de operadores judiciales valientes y honestos, con mística y espíritu democrático, que no acepten someterse –o venderse– a los deseos del autócrata, que defiendan con hidalguía e independencia su función, sometiéndose únicamente a las leyes y a la Constitución Política. Debe evitarse la partitocracia, que es una degeneración de la democracia donde un movimiento político controla los tres poderes del Estado.
No obstante, lamentablemente, hay evidencia cercana de que quienes no se someten u obedecen los deseos del autócrata corren el riesgo de ser removidos, como sucedió en El Salvador cuando la Sala Constitucional de aquel país, actuando de forma separada e independiente, puso los límites al ejercicio de poder arbitrario. Sin embargo, el autócrata de ese país removió a los valientes magistrados que defendían la ley y designó en su lugar a vasallos obedientes que permitieran la concentración de poder, asegurándose así arbitrariedad e impunidad.
Garantizar que esto no suceda en nuestro país también depende del Poder Legislativo, de quienes ocupan las curules de la oposición, para que impidan las reformas legislativas y otros subterfugios para secuestrar el poder judicial, con lo cual se diluiría la separación de poderes, con el propósito de poner el Estado al servicio y los deseos de una autocracia.
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J. Federico Campos C. es abogado penalista.
