EscucharMADRID– El 27 de febrero el Frente Polisario (FP) conmemoró el 45.º aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada en 1976 como legítimo gobierno del territorio del Sahara Occidental.
Durante la celebración —que tuvo lugar en el campo de refugiados de Tinduf, en el desierto argelino, donde se encuentra la sede del gobierno de la RASD—, el Polisario denunció la prolongación del punto muerto político respecto del territorio, cuya soberanía también reclama Marruecos. Es necesario salir de esta parálisis, y la Unión Europea debe ayudar a lograrlo.
Son múltiples los lazos entre la Unión Europea y el Sahara Occidental. Además de la proximidad geográfica, la región fue colonia española y tiene vínculos muy profundos —a menudo de índole personal— con España.
Para los miles de españoles que verano tras verano han compartido sus hogares con jóvenes saharauis, la cuestión del Sahara Occidental es un asunto de familia con alto impacto emocional.
Tras la toma de control del territorio por Marruecos, se produjo un desplazamiento masivo de saharauis, muchos de los cuales ahora languidecen en campamentos instalados en el desierto, obligados a depender de la ayuda humanitaria.
Su vulnerabilidad podría agravarse. El Sahara Occidental lleva décadas en el limbo, pero una sucesión de acontecimientos recientes ha conjurado el fantasma de una nueva ola de violencia, en la que los más perjudicados pueden ser los saharauis.
Declaración de ilegalidad. El pasado noviembre, el Polisario declaró nulo y sin efecto el alto el fuego logrado en 1991 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que puso fin a dieciséis años de insurgencia, dejando a la RASD el control de más o menos el 20 % del territorio y a Marruecos, el resto.
Señaló, en tal sentido, la decisión de Marruecos de desplegar tropas en una zona neutral patrullada por la ONU con el objetivo de reabrir una ruta estratégica que conecta áreas del Sahara Occidental, bajo control marroquí, con la vecina Mauritania. El FP había bloqueado la ruta un mes antes, y la calificó de ilegal por no existir a la fecha de la tregua.
Marruecos afirma que seguirá respetando el alto el fuego, pero también anunció que reanudará operaciones militares en la zona neutral.
Pocas semanas después, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reforzó la posición marroquí, al anunciar en un tuit que Estados Unidos reconocería la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara relaciones con Israel.
No solo Estados Unidos respalda a Marruecos en la disputa por la región: a finales del 2020, dieciocho países subsaharianos y del Golfo habían abierto consulados en el Sahara Occidental o declarado la intención de hacerlo, lo cual implica un reconocimiento tácito de la soberanía marroquí.
Pero el Frente Polisario también tiene muchos simpatizantes, entre ellos Alemania, que criticó la acción de Trump. Esto, sumado a la decisión a principios del año pasado de no invitar a Marruecos a una conferencia organizada para tratar el conflicto en Libia, es el motivo aparente de la decisión marroquí de suspender contactos con la embajada alemana en Rabat.
Conflicto de interpretaciones. La disputa por el Sahara Occidental siempre ha estado envuelta en un conflicto de interpretaciones. Frente a la decidida acción del Polisario por ganar el apoyo de la opinión pública internacional, Marruecos responde, en general, con el silencio, y no porque esté menos comprometido con la causa, sino porque para el gobierno marroquí no hay nada que discutir: el Sahara Occidental es parte del territorio soberano de Marruecos, y punto.
La estrategia marroquí, sin embargo, facilita al Polisario llevar adelante una astuta política de judicialización, basada en usar los tribunales y los mecanismos legales para influir en la resolución de difíciles cuestiones morales y de política pública.
Buen ejemplo es su cuestionamiento ante el Tribunal Europeo de Justicia de la legalidad de los acuerdos sobre exportaciones agrícolas y pesca entre Marruecos y la Unión Europea, con el argumento de que Marruecos está saqueando recursos de un territorio que no le pertenece.
Estos intentos de presionar a Marruecos por la vía económica perjudican, ante todo, a los saharauis, la defensa de cuyos intereses es la razón de ser del FP. En la práctica, es mantener a los saharauis rehenes de la narrativa según la cual Marruecos es un país ocupante.
Pero esta narrativa no tiene sustento jurídico, pues el corpus de derecho humanitario internacional referido a situaciones de ocupación no es aplicable a este caso.
De las 47 resoluciones que la Asamblea General de la ONU aprobó en relación con el Sahara Occidental desde 1975, solo dos (de 1979 y 1980) hablan de ocupación, y las dos fueron sumamente polémicas. Ninguna de las 69 resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental hace referencia al término ocupación.
Referendo o autonomía. Lo que sí contienen esas resoluciones es un llamamiento a las partes (en términos repetitivos) a negociar un acuerdo político, sea en la forma de un referendo por la independencia —como exige el Polisario— o de un acuerdo que convierta al Sahara Occidental en una región autónoma (como propuso Marruecos).
A tal fin, el Consejo de Seguridad ha extendido en forma reiterada el mandato de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (Minurso).
El Frente Polisario argumenta que la ONU no hizo lo suficiente para concretar el referendo. Las negociaciones entre Marruecos y el Polisario, bajo el auspicio de la ONU y con Argelia y Mauritania como observadoras, están suspendidas desde principios del 2019.
El statu quo en el Sahara Occidental (y más en general, en el Magreb) no es sostenible. Un resurgimiento del conflicto armado generaría inestabilidad política en toda la región.
Felizmente, el presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó públicamente el compromiso de su gobierno con la reanudación de las negociaciones entre Marruecos y el Polisario (sin que parezca probable que revierta el reconocimiento otorgado por Trump a la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, como esperaba la Unión Europea).
La Unión Europea debe asumir un papel central en esta iniciativa: los lazos de Europa con el Sahara Occidental (y los valores fundamentales de la UE) así lo exigen.
Ana Palacio: fue ministra de relaciones exteriores de España y vicepresidenta sénior y consejera jurídica general del Grupo Banco Mundial; actualmente es profesora visitante en la Universidad de Georgetown.
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