La frase está trillada, ya lo sé: el sentido común es el menos común de los sentidos. Lamentablemente, en Costa Rica, nos esforzamos por hacerle honor al cliché. Tanto así que hasta la política pública se hace con total desprecio por los dictados del sentido común, y aquí presento tres ejemplos.
1. Multa por sustitución del marchamo antes de finalizar el año. En las últimas semanas del año recién concluido, nos vinimos a enterar de que, si uno retiraba el marchamo del 2019 antes del 1.° de enero para poner en su lugar, en el parabrisas, el del 2020, se exponía a una multa.
Si bien llevar el marchamo es una obligación, no es menos cierto que es imposible adquirir el del año siguiente si no se ha pagado el del que está en curso.
En otras palabras, tener el marchamo del 2020 es prueba suficiente y fehaciente de que el correspondiente al 2019 fue debidamente cancelado. ¿Qué sentido tiene, entonces, multar a quien, un día cualquiera de diciembre, lleva en el parabrisas únicamente el marchamo del siguiente año? Si, como nos advierte Riteve en su página web, todo polarizado o sticker no oficial colocado en el vidrio delantero del vehículo es calificado como falta grave durante la revisión técnica, ¿cuál es el sentido de andar medio vidrio tapado con calcomanías “oficiales” cuando algunas de ellas ya no son necesarias? ¿Tan jugosa es la recaudación de esas multas?
2. Presentación del formulario D151 en la era de la factura electrónica. La declaración anual de clientes y proveedores, el temido formulario D151, era una necesidad de Hacienda en la época del caracol, el lápiz y el papel, pero dejó de serlo cuando, finalmente, entramos —con varias décadas de atraso— en la era de la tributación digital.
En el D151, los contribuyentes del impuesto sobre la renta deben anotar los datos de sus principales clientes y proveedores, y los respectivos montos facturados durante el ejercicio fiscal. Esto posibilitaba a la Dirección General de Tributación (DGT) el control cruzado: ¡Ay de usted si su cliente o proveedor reportaba un monto distinto, o si usted omitía reportar a un cliente y este sí lo incluía a usted como proveedor!
El formulario dejó de ser necesario al establecerse la obligatoriedad de la factura electrónica. Hacienda ya no necesita que los contribuyentes le presentemos un resumen de clientes y proveedores al finalizar el año fiscal; sabe cada día qué vendimos, qué compramos y a quién, por más pequeño que sea el monto. Debería ser muy sencillo programar el sistema de la DGT para que, con un simple clic, emita un resumen por tributante.
Exigir el D151 en la actualidad es como si el Registro Civil requiriera la presentación de una fotocopia de la cédula del solicitante para la emisión de un certificado de nacimiento o matrimonio. No tiene sentido porque la información está en los propios sistemas del que establece el requisito.
Sin embargo, la no presentación del D151 y su presentación tardía o con errores constituyen infracciones que acarrean enormes multas. Sospecho que por ahí anda la procesión.
3. Obligación de la inscripción de las sociedades inactivas en el Registro Único Tributario (RUT). El 20 de diciembre, a la carrera para dejarlo listo antes de las vacaciones (y con la esperanza de que el exceso de rompope nublara el juicio de los contribuyentes), la Dirección General de Tributación publicó una resolución mediante la cual obliga a las “personas jurídicas inactivas domiciliadas en el país que no desarrollen actividad lucrativa de fuente costarricense” a inscribirse en el Registro Único Tributario y a presentar declaraciones anuales de activo, pasivo y capital accionario.
Lo anterior obligaría a las sociedades inactivas —recordemos, las que no tienen actividad lucrativa— a llevar una contabilidad que les permita elaborar las certificaciones y declaraciones antojadas por la DGT. La nueva resolución, entonces, obliga a personas jurídicas que no generan ingresos a incurrir en gastos que antes no existían, elevando innecesariamente el costo de vida a las decenas de miles de costarricenses cuyas propiedades —el auto, la casa, un lote— las tiene inscritas a nombre de sociedades.
Poco o nada le importó a la DGT que, también en enero, venza el plazo para el pago del impuesto a las personas jurídicas, que deben cancelar cada año todas las sociedades, incluso aquellas inactivas, como una especie de derecho —¿marchamo?— por existir. ¿A quién le afecta imponer costos sobre costos a la ciudadanía? ¿Qué importa encarecer aún más la vida a los costarricenses?
Poco o nada importó que todas las sociedades —activas e inactivas—tengan plazo también hasta enero para completar su inscripción en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (conocido popularmente como registro de accionistas) y que hace pocos meses las autoridades debieron aprobar una prórroga porque reconocieron que la mayoría de las empresas y sociedades no estaban listas para cumplir a tiempo.
De por sí, no es como que el país esté necesitando una reactivación significativa de su economía. Más bien, como sugiere la teoría keynesiana —según la entienden quienes adquirieron sus conocimientos de economía en el Rincón del Vago y, hoy, hacen política pública en Costa Rica—, en un país con pleno empleo y riesgos significativos de inflación (como Costa Rica, claro está), nuestros heroicos funcionarios tienen que usar todo su ingenio para encontrar nuevas formas de sacarles el dinero del bolsillo a los consumidores y quitarles tiempo a quienes de otra manera lo utilizarían en alguna actividad productiva. Lo que sea para evitar el sobrecalentamiento de la economía.
Pareciera, más bien, que a ciertos funcionarios de Tributación no les gustó la decisión del Poder Legislativo de poner el registro de accionistas en manos del Banco Central, por lo que se fueron a buscar en legislación antigua —de hace más de treinta años, según los considerandos de la resolución— algo que les ayude a capturar en sus propias bases de datos a quienes no deberían estar ocupando espacio en los servidores de Hacienda por no tener actividad lucrativa.
Coctel explosivo. Aunque la información que debe brindarse al registro de transparencia es distinta a la dada para el registro de contribuyentes, este segundo paso es totalmente innecesario, además de peligroso.
Las autoridades de Hacienda alegan que la información proporcionada por las sociedades inactivas al RUT será utilizada “para los diferentes procesos de control y fiscalización que lleva a cabo la Administración Tributaria”. Buscan, en otras palabras, información que les facilite invertir el peso de la prueba y cargarlo sobre el administrado.
Como parte de esos “procesos de control y fiscalización”, y sin que medie sospecha sobre el contribuyente, la administración podría empezar a pedir explicaciones sobre el origen de propiedades que, en muchos casos, superan en edad el plazo que por ley estamos obligados a guardar la documentación pertinente.
Imaginemos que a esto se sume la extinción de dominio, procedimiento mediante el cual las autoridades pueden extinguir los derechos de propiedad de un ciudadano sobre sus activos con la mera sospecha de que provienen de actividades ilícitas, sin necesidad de demostrarlo. Es un coctel explosivo y una grosera violación de los principios del debido proceso y los derechos fundamentales de los ciudadanos en una democracia liberal.
Quizá, el problema de los costarricenses de a pie es que sobrevaloramos el sentido común. Deberíamos dejar de usarlo para tratar de entender la destructiva voracidad —fiscal y de información—de nuestro enorme y cada día más engorroso Leviatán estatal. ¿Y la reactivación? Si te vi, no me acuerdo.
El autor es economista.
