El bochorno de ver a los diputados votando para reactivar la pesca de arrastre es demostrativo de una dinámica propia de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con intereses mucho más poderosos que los de los centenares de camaroneros que quedaron sin sustento desde que la Sala Constitucional ordenó no renovar sus licencias de pesca en el 2013.
Se trata de una dinámica que, llevada al extremo, produce resultados perversos como el que hubiera permitido volver a utilizar en Costa Rica un arte de pesca tan destructivo como el arrastre, beneficiando a algunos cientos de personas involucradas en dicha actividad, pero en perjuicio de decenas de miles de familias que obtienen sus ingresos de la pesca artesanal, comercial y turística.
Varios diputados promovieron y apoyaron la reactivación de la pesca de arrastre por una sincera preocupación por el sustento de los involucrados en dicha actividad. Si algo les podemos criticar acerca de su decisión es que no hayan tomado en consideración los efectos nocivos que habrían causado más allá de las comunidades que representan. Este es el triste resultado de la municipalización del Congreso, de la cual ellos no son culpables.
Otros diputados, sin embargo, ofrecieron su apoyo a la pesca de arrastre a sabiendas de que se trata de una actividad terriblemente dañina —y, en algunos casos, en contra de lo que ellos mismos defendieron en el pasado—, porque vieron la oportunidad de comprometer votos para otros proyectos de su interés. Es el típico toma y daca legislativo, hoy por ti y mañana por mí.
Lo anterior explica por qué la decisión del presidente, Carlos Alvarado, de vetar el proyecto que reactivaría la pesca de arrastre tiene a ciertos diputados —los que defendieron los estrechos intereses de sus comunidades— genuinamente molestos, mientras otros se manifiestan “respetuosos del ordenamiento y de la decisión presidencial” y anuncian que no promoverán ni apoyarán un intento por resellar el proyecto, y evidencian que lo suyo fue un voto para la galería, resultado del cálculo político más que de la preocupación por el bienestar de las familias que dependían de la pesca de camarón.
Otro propósito. Pero ¿cuál sería ese cálculo político? ¿Qué beneficio podrían obtener al apoyar la reactivación del arrastre los diputados de ese segundo grupo a los que la pesca de camarón “les pela”?
En realidad, el episodio de la pesca de arrastre sería apenas una primera escaramuza de una batalla más grande que tiene que ver con otra actividad más dañina que la camaronera, por su mayor magnitud y relevancia económica, como lo es la pesca de atún con redes de cerco.
Esta técnica consiste en desplegar enormes redes que tienden un cerco alrededor de bancos de peces, y capturan grandes cantidades en un solo lance.
La técnica es muy eficiente para la captura de especies pelágicas, como el atún, que nadan en grandes grupos en aguas intermedias, no muy lejos de la superficie.
Los pescadores saben que una de las formas más sencillas de encontrar un banco de atunes es hallando manadas de delfines.
Estos nadan en la superficie, por lo que es relativamente fácil detectarlos a simple vista. Los atunes, que nadan por debajo de la superficie, tienden a hacerlo debajo de los delfines, moviéndose al unísono con ellos.
El problema es que, al rodear a los peces con este tipo de redes, también los delfines quedan atrapados en el cerco y muchos de ellos mueren por estrés o simplemente quedan prensados en las mallas.
Costa Rica es de los pocos países que todavía permiten la pesca de atún sobre manadas de delfines. La práctica no solamente es inhumana, también atenta contra la posibilidad de desarrollar otras actividades económicas potencialmente lucrativas para el país. Por ejemplo, el atún capturado con redes de cerco en Costa Rica no cumple los requisitos para certificarse como dolphin-safe (libre de delfín) en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, razón por la cual se pierde la oportunidad de exportarlo.
Al destruir parcialmente a las poblaciones de delfines, está técnica también genera un impacto negativo en las actividades turísticas de avistamiento de cetáceos.
Todos los demás sectores de la industria pesquera, como la artesanal, la turística y la deportiva, así como la pesca de palangre, se ven afectados por la presencia de los grandes barcos atuneros que, con su actividad y tamaño, agotan el recurso marino que debería estar disponible para ellos.
Diferencias. Paradójicamente, teniendo nuestro país 10 veces más territorio marino que superficie terrestre, el 90 % de la flota pesquera costarricense está limitada a faenar dentro de las primeras 40 millas náuticas desde la costa, en contraste con los grandes barcos atuneros de bandera extranjera, que tienen casi total libertad de hacerlo desde las 45 millas hasta los confines de nuestro mar territorial.
Por si lo anterior fuera poco, los grandes atuneros pagan poco y nada por sus licencias de pesca y, dada la incapacidad de nuestras autoridades de vigilar la inmensidad de nuestro mar territorial en el Pacífico, terminan llevándose buena parte de lo capturado a otros países, sin ningún beneficio para Costa Rica.
Según afirmó hace unos meses el presidente de la Cámara del Sector Palangrero ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, una licencia con un costo aproximado de $25.000 permite a un cerquero pescar casi 1.000 toneladas de atún en un mes de faena, cuyo valor de mercado puede oscilar entre $1.700.000 y $2.800.000. En contraste, un palangrero sale a la mar durante cinco meses y pesca alrededor de 40 toneladas.
Dos proyectos de ley pretenden corregir esta situación (el 21316 en la Comisión de Agropecuarios y el 21531 en la de Medio Ambiente) mediante una modificación de la fórmula de cálculo del costo de las licencias, eliminando las licencias gratuitas que contempla la legislación y ampliando la zona de exclusión de la pesca de cerco hasta las 60 millas desde la costa.
Los proyectos cuentan con el apoyo de la mayoría de la flota pesquera nacional, que, sin embargo, solicita ampliar la zona de exclusión de redes de cerco hasta las 200 millas desde la costa.
La Federación Costarricense de Pesca (Fecop) presentó a la Comisión de Medio Ambiente una propuesta basada en evidencia científica y de impacto socioeconómico, que además ayudaría a resolver conflictos de larga data entre los diferentes sectores pesqueros: las primeras 60 millas quedarían para uso exclusivo de la pesca artesanal a pequeña escala, pesca turística y deportiva y pesca con artes selectivas, como el palo verde.
A partir de ahí y hasta las 150 o 200 millas desde la costa quedaría una amplia zona exclusiva para la pesca de palangre y las embarcaciones de pesca deportiva de tecnología avanzada.
La flota cerquera podría pescar en el resto de la zona económica exclusiva (ZEE) costarricense, excluidas las áreas protegidas.
Para esta flota también estaría disponible la cuota de acarreo, que faculta al país a otorgar capacidad a estos buques para pescar en aguas internacionales bajo ciertas condiciones.
Oposición. Los proyectos cuentan con la oposición únicamente de la Cámara de la Industria Atunera (Catún), que representa los intereses de la industria enlatadora nacional. Su temor es que no haya suficiente atún para la flota pesquera que la abastece.
Esta preocupación, sin embargo, es infundada. Con el ordenamiento propuesto, quedaría suficiente espacio dentro de la ZEE para la flota atunera y la cuota de acarreo, hoy subutilizada, serviría como una garantía adicional de abastecimiento para la industria conservera, primordial fuente de empleo en Puntarenas.
Además, los indicios de actividad ilegal en aguas costarricenses por parte de la flota atunera extranjera son tan abundantes que el reordenamiento del espacio marino ayudaría a detectar y erradicar la pesca ilegal o no reportada, y dejaría recurso más que suficiente para satisfacer las necesidades de todos los sectores pesqueros.
Volviendo al cálculo legislativo, la próxima gran batalla por la salud de nuestros mares girará en torno a estas consideraciones. Que nadie se extrañe cuando descubra que, entre los principales opositores a estos proyectos de ley, estén algunos de los diputados que, con cálculo oportunista, votaron por la reactivación de la pesca de camarón con el fin de arrastrar apoyos para que nada cambie en materia atunera.
El autor es economista.