Escuchar“La inacción puede empeorar el desempeño del país en materia de desarrollo humano. Costa Rica sin cambio de ruta se vería inmersa en serios conflictos y estaría más enfocada en cómo mantener, con gran dificultad, sus logros históricos en los ámbitos del desarrollo humano y la democracia, que en dar nuevos pasos de progreso. Las proyecciones dibujan un panorama con problemas de sostenibilidad y solvencia aún más acentuados que los actuales” (XXI Informe del estado de la nación, 2015)
Este párrafo, escrito hace cinco años por el Estado de la Nación, fue profético. ¿Cómo llegamos ahí? La historia reciente es bien conocida. Por un lado, el crecimiento descontrolado del aparato estatal, la fuerte expansión del gasto en remuneraciones en el sector público a partir del 2006, el aumento en el número de personas contratadas, los ajustes salariales superiores a la inflación y la aplicación de pluses en muchas categorías e instituciones.
Por otro, la inacción y la conveniencia política. El descarrilamiento del plan fiscal propuesto por la presidenta Laura Chinchilla, el aumento negligente del presupuesto de la administración Solís en el 2015, la aprobación de más destinos específicos y la ausencia de medidas significativas para reducir el gasto o afectar el empleo público.
Es en este momento cuando llegamos al precipicio y miramos al vacío, la pregunta que hace el Estado de la Nación sigue vigente: ¿Cómo mantener los logros históricos en los ámbitos de desarrollo humano y la democracia?
La respuesta, en término generales, es tomar decisiones y hacer los cambios necesarios ya. Posponerlos o no hacerlos por conveniencia política, es una receta para el desastre.
Acciones necesarias. Desde el punto de vista económico, está claro que el país precisa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para contribuir a equilibrar las finanzas públicas y evitar que el país caiga en el abismo.
Lograr este acuerdo demandará medidas para aumentar los ingresos y reducir los gastos del Gobierno. ¿Dónde nos encontramos?
Desafortunadamente, la propuesta que la administración Alvarado acaba de presentar es desequilibrada. La mayor parte del ajuste vendría por el lado de los ingresos fiscales, muy poco por el gasto y casi nada sobre el origen del problema: el crecimiento del empleo público y sus remuneraciones.
Al mismo tiempo, no se menciona la venta de los activos que sí tienen un valor considerable, como el negocio de telefonía del ICE, el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros.
De forma paralela, la agenda de competitividad debe tomar preeminencia y no se puede obviar. Todos nuestros problemas antes de la pandemia y del estallido de la crisis fiscal siguen ahí.
Hay que redoblar esfuerzos para generar empleos, atraer inversiones a todas las zonas del país, eliminar las trabas al emprendimiento y descubrir actividades y mercados.
El dinamismo económico es parte esencial de la ecuación. Desafortunadamente, esta discusión ha pasado a segundo plano y no se tiene un norte definido.
Pilares. ¿Cómo priorizar acciones en desarrollo humano? Para ello se cuenta con herramientas como el índice de progreso social (IPS), una medida del bienestar de la sociedad, calculada por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae, basada en indicadores de resultados distribuidos en tres pilares: las necesidades humanas básicas, los fundamentos del bienestar y las oportunidades para que los ciudadanos alcancen su pleno potencial.
Al utilizar indicadores de resultados, y conociendo los esfuerzos, es posible determinar cuáles son más eficientes. Es decir, el IPS ayuda a entender que la relación entre desarrollo económico y progreso social va en dos vías.
Por ejemplo, no es relevante que Costa Rica gaste un 8 % del PIB en educación si los resultados siguen siendo los mismos que cuando se gastaba un 5 %.
El IPS está disponible en varias agregaciones, desde lo nacional hasta lo local, con énfasis especial en los cantones. La información existe y se debe usar.
Es crucial que no repitamos los errores del pasado. Siguiendo con el ejemplo de la educación, la crisis de los ochenta nos dio la amarga lección que sacrificar la educación primaria y secundaria es activar una bomba de tiempo.
El desempleo de hoy obedece en alguna medida a la deserción escolar vivida luego de la crisis de la deuda. Así que las decisiones de cómo mantener, por lo menos, los logros en progreso social deben darse fundamentadas en aquellas áreas que demuestren una “mayor rentabilidad” social, sobre todo a largo plazo.
Costa Rica tiene claros problemas en seguridad personal, educación básica, salud, bienestar y acceso a la educación superior. La priorización con base en los datos es una necesidad que cobra mayor importancia en este momento.
En síntesis, es preciso que el Poder Ejecutivo presente una nueva propuesta para llegar a un acuerdo con el FMI, el cual deberá ser equilibrado, tanto en contribuciones como en esfuerzos, y debe construirse a partir de una negociación basada en hechos y necesidades identificadas.
Más aún, todo debe estar sobre la mesa, tanto los esfuerzos económicos como los resultados en progreso social que queremos mantener.
Nuestro país es diferente al de hace 40 años. Sabemos más y tenemos la experiencia nefasta de las crisis anteriores, así que no deberíamos fallar en este momento. Tenemos la oportunidad de construir una Costa Rica mejor de cara al bicentenario.
El autor es economista.
