Jorge Cabrera Medaglia. 22 enero

Al finalizar un año, resulta oportuno efectuar un balance de los aspectos positivos y negativos, así como de lo pendiente en todas las áreas, especialmente en una de crucial importancia: la ambiental.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, el acontecimiento más relevante en el 2019 fue, aunque sujeto aún a la ejecución en un horizonte a largo plazo, el Plan Nacional de Descarbonización y los reconocimientos derivados de este, incluido el Premio Campeones de la Tierra, otorgado por las Naciones Unidas.

De lo anterior, también resultó la organización y activa participación del país en foros internacionales para hacer avanzar una agenda climática y de biodiversidad más ambiciosa.

Avances y desafíos legales. Durante la primera legislatura del cuatrienio, la Comisión de Ambiente fue la menos productiva de las últimas administraciones. Si bien es cierto que fueron aprobadas algunas leyes ambientales significativas, hay una gran deuda con los ciudadanos.

Especial destaque debe tener la ley votada en primer debate para incorporar en la Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano, mediante la adición de un párrafo al artículo 50. Ya había sido reconocido como tal jurisprudencialmente; sin embargo, quedó fuera el derecho al saneamiento, que, si bien son independientes, se encuentran relacionados.

En diciembre, la Sala Constitucional (voto 25241) señaló la existencia de vicios de procedimiento, subsanables, debido a la prematura consulta legislativa.

Asimismo, contamos ya con leyes para prevenir la contaminación por esteorofón; una tímida normativa para combatir los efectos negativos del plástico, especialmente el de un solo uso; modificaciones para mejorar el trámite de los procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo, que contribuirán a disminuir los tiempos de respuesta de este estratégico órgano administrativo; y reformas para favorecer las concesiones de servicios no esenciales, en áreas protegidas, a grupos comunales y mejorar la gobernanza marina, cuyos resultados aún es difícil medir por haber entrado en vigor hace muy poco.

Quedan en la agenda legislativa la aprobación del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que ya alcanza siete ratificaciones de las 11 necesarias para su entrada en vigor.

Dicho instrumento, además de tutelar a los defensores del ambiente en una región donde ocurre el mayor número de homicidios de conservacionistas, ayudará a brindar el respaldo internacional a los crecientes esfuerzos por mejorar la justicia ambiental y climática.

Otros proyectos esenciales se relacionan con el recurso hídrico, impuestos al plástico, la generación distribuida y la tutela de especies como el tiburón martillo, para otorgar claras competencias al Ministerio de Ambiente para brindarle protección como especie en vías de extinción.

En cuanto a la pesca de arrastre, ya fue votada en primer debate una propuesta para reactivarla, pero está pendiente la consulta facultativa hecha a la Sala Constitucional. Otros expedientes en curso buscan autorizar, bajo ciertos supuestos, la exploración y explotación petrolera y de gas natural, así como la minería metálica a cielo abierto, entre algunos que tendrían incidencia en el modelo de desarrollo nacional.

Conflictos ambientales. El anterior fue un año conflictivo en materia ambiental y objeto de especial atención en los medios de comunicación, prueba de la posición central que este tema ocupa en la agenda nacional y la vida cotidiana. Una solución completa a lo que sucede en Crucitas —más allá del necesario mejoramiento o incremento del control ambiental— sigue en la lista de pendientes. Lo mismo puede decirse del ineludible ordenamiento territorial. La débil capacidad institucional de control ha quedado patente en situaciones tan variadas como el desarrollo urbano en Lomas de Salitral y los planes para el cultivo de piña en la zona sur.

En este último punto, si bien la anulación de la viabilidad ambiental otorgada por la Setena, que retrotrae sus efectos a la etapa inicial del procedimiento de evaluación, ha respondido a las múltiples preocupaciones legales y científicas sobre el impacto de la actividad en humedales y sitios arqueológicos, reitera las dudas sobre el buen desempeño del control ambiental preventivo. Las deficiencias descritas fueron reconocidas por el propio ministro en el acto de anulación.

Este conflicto se vincula estrechamente con uno de los aspectos más críticos en la agenda de sostenibilidad nacional: la integración plena del sector agropecuario a la conservación de la biodiversidad y la mejora en el uso de agroquímicos.

No en vano el marco regulatorio sobre registro y uso de agroquímicos fue cuestionado ante la Sala Constitucional, mientras en el derecho comparado se restringe cada vez con más fuerza la utilización de algunos de estos por sus efectos en el medioambiente y la salud.

El 2020 será un año muy importante a escala mundial, en principio, deberían presentarse contribuciones nacionales determinadas (compromisos del país) nuevas o actualizadas mucho más ambiciosas ante el Acuerdo de París, en la próxima Conferencia de las Partes en Escocia, y adoptarse un nuevo Marco Global para la Conservación de la Biodiversidad Mundial posterior al 2020, en la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodiversidad en China.

En Costa Rica, tendremos que tratar una sustanciosa agenda legislativa ambiental en medio de una creciente disconformidad ciudadana y de una tendencia hacia la judicialización de las controversias en este campo.

El autor es abogado.