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Ni en el mundo, y en menor grado –pero no menos importante– en Costa Rica, la coyuntura histórica no invita precisamente a la esperanza. El mapa político se ha ido llenando de liderazgos autoritarios, discursos de fuerza, desprecio por los límites jurídicos y una normalización inquietante de la arbitrariedad. La democracia aparece cansada, subestimada; el derecho internacional, cuestionado, y los derechos humanos, tratados cada vez más como obstáculos retóricos. Reconocer ese escenario no es pesimismo: es honestidad, y en primer lugar, debemos ser honestos.
Sin embargo, asumir la gravedad del momento no obliga a concluir que estamos ante el final de la historia, ante la derrota de los ideales. La tentación de pensar que “todo está perdido” es comprensible, pero también históricamente inexacta. Ningún imperio –ni los más expansivos, ni los más violentos, ni los más seguros de sí mismos– ha sido eterno.
Tampoco lo han sido los regímenes autoritarios, por más sofisticados que se presenten o por más tiempo que parezcan consolidarse. El poder absoluto no ha sido nunca una condición estable; ha sido, en el mejor de los casos, oscuros episodios.
Desde esta perspectiva, el optimismo que hoy resulta defendible no es emocional ni voluntarista, tampoco ingenuo. No consiste en creer que el mundo está a punto de mejorar, sino en recordar que la dominación nunca ha logrado cerrarse completamente sobre lo humano. Ya en el pensamiento de Aristóteles, la vida política no era un adorno de la existencia, sino una de sus realizaciones más profundas: participar, deliberar, disentir formaba parte de lo que hacía a los seres humanos propiamente humanos. Y en Sócrates, precursor del pensamiento crítico, esa idea se radicaliza: una vida sin examen, sin pregunta, sin crítica, no merecía ser vivida. La incomodidad frente al poder no era un defecto moral, sino una forma de dignidad. Y pagó con su vida esa negativa a callar.
Esa pulsión no ha desaparecido. Aunque el siglo XXI parezca dominado por la fuerza bruta, el chantaje económico, la amenaza permanente y la bravuconería, los proyectos de poder que se presentan como inevitables suelen esconder su fragilidad detrás de gestos grandilocuentes.
El regreso explícito del imperialismo en el discurso político contemporáneo –la idea de que algunos países pueden ser expoliados, intervenidos o “administrados” en nombre de la fuerza o la conveniencia– no es una novedad histórica, sino una recaída. Y como toda recaída, dice más de la crisis del orden que de su fortaleza.
La retórica actual de un sector poderoso del mundo –agresiva, expansionista, profundamente despreciativa del multilateralismo– ha reactivado una lógica de dominación clásica: el fuerte impone, el débil obedece; el derecho se negocia, la soberanía se relativiza. Que esa lógica y apetito de control se proyecte sobre América Latina, sobre Asia, sobre África, no convierte automáticamente en legítimos a los regímenes autoritarios que allí existen. Oponerse a gobiernos autócratas en todo el planeta no exige abdicar del derecho internacional; por el contrario, lo exige más que nunca.
Ahí reside una de las tensiones centrales de nuestro tiempo: el derecho internacional está en crisis, erosionado tanto por autoritarismos internos como por potencias que deciden ignorarlo cuando deja de servir a sus intereses.
Pero una crisis no es sinónimo de colapso definitivo. Es, también, un momento de disputa por el sentido. La pregunta no es si el derecho internacional atraviesa dificultades –eso es evidente–, sino si aceptamos que su debilitamiento sea la última palabra.
Desde una democracia pequeña, con una historia institucional sólida en lo básico, como la costarricense, esta pregunta adquiere un matiz particular. Ninguna tradición democrática es inmune; la democracia requiere una defensa diaria. Ningún país está vacunado contra el desgaste del lenguaje público, la censura de facto hacia los medios, el descrédito de los controles o la tentación de concentrar poder en nombre de una supuesta “eficacia”. El autoritarismo no siempre llega con tanques; a veces llega con sarcasmo, con cansancio ciudadano y con la banalización de la crítica.
Aquí, una de las tantas y profundas reflexiones de Hannah Arendt resulta incómodamente actual: los fenómenos autoritarios no se sostienen solo por el terror, sino por la normalización, por la aceptación pasiva de que “no hay alternativa”. El peligro no es solo la violencia explícita, sino la renuncia cotidiana a pensar y a juzgar. Y el pensamiento crítico juega aquí un papel central; no lo invisibilicemos bajo una capa de dogmas ciegos, de aspiraciones políticas que no toleren la crítica y rehúyen a debatir. Debatir es fundamentalmente democrático.
Tal vez, entonces, el optimismo que cabe hoy no sea luminoso ni tranquilizador. Es un optimismo áspero, casi a contracorriente. Consiste en aceptar que atravesamos un momento duro –probablemente uno de los más duros de las últimas décadas– y, aun así, rechazar la idea de que la historia quedó clausurada. Ningún imperio ha logrado eternizarse, ningún autócrata es eterno. Ningún proyecto de dominación ha conseguido sofocar indefinidamente la aspiración humana a la libertad, a la palabra y a la decisión sobre la propia vida.
Reconocer la oscuridad no obliga a rendirse ante ella. A veces, el gesto más político no es la esperanza ingenua, sino la memoria histórica: recordar que lo que hoy se presenta como inevitable ya ha caído antes. Y que probablemente volverá a caer.
JOSEDANIEL.RODRIGUEZ@ucr.ac.cr
José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, M.Sc. en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).
