El presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para el año 2025 incluyó ¢2.580.414 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP), pero mediante varias mociones, los diputados lograron incrementarlo hasta ¢2.612.696 millones, tomando ¢32.282 millones de la partida de pago de los intereses de la deuda interna.
En relación con el producto interno bruto (PIB), el cambio implicó pasar del 4,95 % al 5,01 % del PIB, que sigue siendo bajo y sin perspectivas de recuperación a corto plazo.
Pero, a pesar del esfuerzo de los legisladores, Hacienda informó al MEP que dichos recursos no podrán ser utilizados, ya que, según lo instruido por el ministro en el oficio MH-DM-OF-1740-2024, “dada la situación económica que presenta el país, el cumplimiento de la regla fiscal y otras variables económicas... de momento no resulta prudente” incorporarlos “a la programación financiera del 2025”.
Pero, según la misma comunicación, no solo se trata de los ¢32.000 millones provenientes de los rebajos a la deuda interna, sino también de otros ¢5.700 millones que sí habían sido incluidos por Hacienda en el proyecto de ley.
Esta situación afectará a las universidades, que no recibirán el incremento del 2 %, equivalente a ¢11.000 millones, para el FEES; a las juntas de educación y administrativas, a las cuales no se les darán ¢10.000 millones para el pago de servicios básicos como agua, electricidad y mantenimiento de las instalaciones; a las becas Avancemos, destinadas a mantener a estudiantes en el sistema educativo, que perderán ¢7.700 millones; al programa de comedores escolares, que no contará con los ¢5.800 millones para la compra de alimentos; los subsidios de transporte estudiantil (¢2.400 millones); y a los colegios científicos y humanísticos (¢426 millones).
Estas decisiones han sido recurrentes durante la presente administración, y llevaron al programa Estado de la Nación a concluir que las políticas de austeridad fiscal en la administración Chaves Robles y sus recortes significativos en la inversión social pública afectan, principalmente, la educación y la salud.
Tales decisiones no mantienen el equilibrio entre la responsabilidad fiscal a corto plazo y el desarrollo humano y social a largo plazo.
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