Columnistas

Obra pública

No basta el ritual de rasgarse las vestiduras y crear comisiones legislativas de investigación que poco aportan

Odebrecht es una empresa brasileña que fue epicentro del peor escándalo de corrupción en proyectos de obra pública en América Latina. Pagó casi $800 millones por debajo de la mesa a funcionarios de diez países para obtener contratos de infraestructura y convertirse en una empresa dominante en el sector.

Un trabajo reciente diseccionó dos mecanismos empleados por esta corrupta empresa: los sobornos pagados durante el proceso de adjudicación de las obras con tal de ganar y, luego, los cambios al contrato original por medio de renegociaciones que elevaban el precio pactado o cambiaban especificaciones («Renegociaciones y corrupción en el sector de infraestructura», BID).

Vale la pena detenerse en este último mecanismo. Ahí, el concepto clave es el lowballing, término en inglés que significa «una oferta por debajo del costo previsto del proyecto con la expectativa de recuperar cualquier pérdida en la etapa de renegociación, donde no hay competencia». Dicen los autores: «Los sobrecostos no son inesperados, sino el resultado del lowballing durante la licitación».

Desde esta perspectiva, los sobornos compran no solo el tiquete ganador, sino también la complicidad en las renegociaciones. El estudio hace una sugerencia interesante, dada la interminable experiencia de sobrecostos pagados en proyectos públicos en nuestro país: adjudicar todas las obras adicionales mediante licitaciones competitivas y que la empresa adjudicada originalmente no pueda participar.

Esta es una idea que discutir: de poco le serviría a una empresa tirarse al piso con el fin de resarcirse a punta de sobrecostos y pagar a funcionarios para que «sean razonables».

Tenemos, en este país, gente que mucho sabe sobre contratación de obra pública, capaz de sugerir maneras sobre cómo eliminar los puntos débiles de nuestra legislación y crear capacidades institucionales que prevengan tramas corruptas. Como miembros de la OCDE podemos pedir asesoría en la materia.

El punto es que hay que actuar rápido y con precisión quirúrgica. No basta el ritual de rasgarse las vestiduras y crear comisiones legislativas de investigación que poco aportan. La respuesta inteligente es aprovechar la crisis para plantear reformas legales e institucionales. Mientras tanto, deseo que el proceso penal del escándalo sea rápido y eficaz.

vargascullell@icloud.com

El autor es sociólogo.