En un país con desempleo e informalidad galopantes, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso estimó oportuno aumentar la rigidez de las relaciones laborales y el costo de emplear. Proyectos como el recientemente dictaminado para prohibir el despido cuando la pareja esté embarazada o en período de lactancia son justo lo indicado para retardar la reactivación económica.
Varios países de Europa son campeones en inamovilidad y beneficios. Así, han conseguido destacar, también, entre las naciones con mayores índices de desempleo. Pero Europa es una de las principales economías del planeta y tiene cómo mantener a su población inactiva. En cambio, unos meses de bono proteger para enfrentar los despidos por la covid-19 bastan para postrar las finanzas nacionales. Aun así, los debates sobre flexibilización del mercado laboral abundan en el Viejo Continente, tanto como las iniciativas para lograr lo contrario en nuestro país.
Los diputados ponen la carreta delante de los bueyes y, en lugar de preocuparse por crear puestos de trabajo, colman de ventajas las plazas inexistentes. Por supuesto, las prioridades de la quinta parte de la población desempleada, así como las de la legión de subempleados y de condenados a la informalidad, están en otra parte. Comprenderlo exige alguna noción de la realidad y de la economía.
Ese realismo conduce, por ejemplo, a impulsar una reducción de las cuotas patronales pagadas a la seguridad social para abaratar la contratación de trabajadores y promover la formalidad. Los ingresos del sistema serían sustituidos por otras fuentes de financiamiento, probablemente impuestos, pero es preferible gravar el consumo, no el empleo. Es una propuesta seria y, por eso, mucho más difícil de vender.
El país debe proteger a los padres de familia, a sus hijos y cónyuges facilitándoles el acceso al trabajo. Esa protección debe extenderse a las madres, cuya incorporación al mercado laboral es indispensable para su bienestar y el de la familia. Eso se logra con crecimiento económico, competitividad e inversión.
Iniciativas como la favorecida con el dictamen de mayoría de los diputados Paola Vega y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); José María Villalta, del Frente Amplio; y Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional (PRN) van a contrapelo de la sentida necesidad de reactivación. Los liberacionistas Jorge Fonseca y Wagner Jiménez, y el socialcristiano Pedro Muñoz sí lo comprenden.
agonzalez@nacion.com
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