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Costa Rica cuenta con uno de los tribunales constitucionales más garantistas en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. Su desarrollo jurisprudencial es reconocido a nivel regional por la incorporación de garantías esenciales para la protección de este derecho vital en toda sociedad democrática.
Una mayoría de sus jueces y juezas (lamentablemente, algunos se muestran temerosos o complacientes) defienden con convicción y valentía la observancia de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
No conocemos el fallo integral dictado días atrás por la Sala Constitucional sobre el concurso público de frecuencias de radio y televisión; sin embargo, en el por tanto divulgado de la resolución, se reafirman con claridad los alcances de esta visión garantista.
Aportes en libertad de expresión
Desde 1989, la Sala Constitucional ha mantenido un control de convencionalidad que ubica a Costa Rica como uno de los países de mayor desarrollo en esta materia. Sus aportes se distinguen por la reiterada jurisprudencia que garantiza:
- El vínculo entre libertad de expresión y el principio democrático, así como el alcance bidimensional de este derecho, en su carácter individual y social.
- La prohibición de censura previa a autoridades públicas o particulares como condición necesaria del derecho a la libertad de expresión.
- El reconocimiento de la libertad de prensa y de información como pilar fundamental del régimen democrático.
- El derecho de acceso a la información pública como garantía para el control ciudadano de los asuntos públicos.
- La tutela del derecho de rectificación y respuesta para proteger a las personas por publicaciones inexactas o agraviantes.
- El derecho al secreto de las fuentes periodísticas como presupuesto del derecho a la información de la ciudadanía.
En los últimos años, la jurisprudencia constitucional reafirma, con mayor énfasis, importantes estándares desarrollados por la Corte IDH sobre el derecho a la libertad de expresión: la prohibición a los Estados de utilizar mecanismos de restricción indirecta de la libertad de expresión, los riesgos para el ejercicio periodístico de los ataques verbales de las autoridades públicas, la mayor tolerancia hacia la crítica que deben exhibir quienes ocupan puestos públicos o más garantías para el derecho de acceso a la información pública frente a las tecnologías de información y comunicación.
Un concurso desastroso y repudiable
Un tribunal constitucional con este nivel de desarrollo jurisprudencial no podría menos que declarar la inconstitucionalidad de los procedimientos de licitación de las concesiones de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva convocados por este gobierno, que se podrían calificar como “desastrosos” y “repudiables” en una sociedad democrática.
Era evidente que, si la oferta en dinero o el criterio económico era el factor excluyente o principal para adjudicar las frecuencias de radio o televisión, se comprometía el acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y se violaría el pluralismo y la diversidad de actores y contenidos propios de una sociedad democrática. Afectaría, no a los grandes operadores con poder económico, sino a los pequeños operadores, actuales o potenciales, de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita.
Desafíos regulatorios en radiodifusión
Este gobierno queda en deuda con la ciudadanía en materia de actualización del marco regulatorio de los servicios de radiodifusión.
- Manejó un discurso contra el monto del canon que pagan los canales de televisión y emisoras de radio y no fue sino hasta el año 2024 cuando remitió un proyecto de ley para su actualización, sin darle ninguna prioridad política en sesiones extraordinarias.
- Se posicionó el tema de la democratización del espectro y nunca se promovió legislación o política pública para reconocer los medios comunitarios, estimular los medios privados locales y regionales o limitar la concentración de espectro en manos de pocos operadores.
- Se convocó a un concurso público sin criterios de rentabilidad social y sin ninguna intención de abrir el espectro a nuevos y pequeños actores que fomenten una visión diversa y plural de nuestro país y nuestras comunidades.
El tema está pendiente para el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa.
Giselle Boza S. es periodista y abogada. Coordina el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica.
