EscucharEn Costa Rica la población de migrantes irregulares y solicitantes de refugio no tiene acceso a vacuna contra la covid-19. Las autoridades de Salud les exigen sacar primero los papeles que legalizarían su situación; sin estos, no los inoculan (La Nación, 27/7/2021).
LEA MÁS: Costa Rica niega vacunas contra covid-19 a migrantes en condición irregular
Esta postura plantea una pregunta ética: ¿A qué debe darse prioridad: al derecho de un ser humano, innato a su condición, o a un estatus jurídico? Se trata en este caso del derecho a la salud en una materia que, literalmente, puede significar la vida o la muerte, no solo de las personas a las que se les niega la vacuna, sino también de muchas otras, que corren peligro de contagio.
Costa Rica dice que los papelitos mandan y punto, lo que deja a la población migrante frente a la siguiente alternativa: (a) Si quiere vacuna, devuélvase a su país de origen (del que ha huido); (b) si quiere vacuna, vaya y saque los papeles (un calvario burocrático). Finalmente, si una persona no quiere ninguna de estas opciones, se llega a (c), el final del proceso: cero vacuna. Nótese que, en esto, las autoridades transfieren la responsabilidad del resultado a los migrantes y refugiados: al no escoger entre las opciones que les dejan enfrente, son culpables de su propia desprotección y de una potencial contaminación a los demás.
LEA MÁS: CCSS internó por un mes a nicaragüense contagiado tras negarle dosis contra el virus
Discrepo de esta política pública y me avergüenzo de ella. La condición humana siempre tiene prioridad por sobre un estatus jurídico, especialmente cuando se trata de preservar la salud y la vida. Además, estas poblaciones son las más desamparadas de nuestra sociedad, sin papeles, sin garantías sociales y laborales.
De feria, les negamos un servicio elemental, lo que agrava su condición. Epidemiológicamente, la decisión de Costa Rica es difícil de defender: ¿Pueden estas personas, que andan en los cientos de miles, contagiar y ser contagiadas? Desde el punto de vista político, es una mancha para un país que se proclama como defensor de los derechos humanos. Encima, nos burlamos de ellos: los mandamos a regularizar papeles cuando sabemos que tardarán años en recibir respuesta.
La medida de una sociedad es siempre su trato a los más débiles. Estamos fallando y debemos rectificar. El contraargumento es que no hay vacunas para todos. Las autoridades pueden encontrar fórmulas para atender esta situación, como lo han hecho en otras situaciones.
El autor es sociólogo.
