El informe 'Education at a Glance 2025‘, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirma lo que ya había advertido el 'Décimo Informe del Estado de la Educación’: Costa Rica atraviesa una etapa de desinversión educativa sostenida.
Según la OCDE, entre 2015 y 2023, Costa Rica fue el país con la mayor caída en gasto público destinado a educación entre los 49 países analizados (pág. 286).
En efecto, Costa Rica aparece de primero en el ranking de desinversión educativa, por encima de todos los países miembros y socios de la OCDE. Esa reducción superó el 25% en términos relativos frente a otros rubros del gasto público, según la OCDE. Los datos publicados por el Estado de la Educación ya advertían de esa tendencia.
En el mismo periodo, la prioridad macroeconómica de la inversión educativa se redujo un 23%; la prioridad fiscal, 25%, y la prioridad social, 16%. En todas las dimensiones posibles, la educación ha ido perdiendo espacio dentro del presupuesto nacional.
Esa pérdida de prioridad se refleja con claridad en la evolución reciente del presupuesto público. Entre 2021 y 2024, el gasto total del Gobierno Central aumentó en ¢1,35 billones, pero el 68% de ese incremento se destinó al pago de la deuda, mientras que el MEP recibió apenas el 2%.
El avance en materia fiscal se ha logrado a costa de la inversión social, especialmente la educativa. En palabras del Estado de la Educación: se utilizó la inversión educativa como variable de ajuste fiscal.
El contraste internacional es evidente. Mientras el gasto por estudiante creció, en promedio, 12% en los países de la OCDE, en Costa Rica cayó 12%.
Otros países están aprovechando la reducción de la matrícula para invertir más en calidad. Costa Rica transita por la senda opuesta: menos estudiantes y menos recursos, una combinación que debilita tanto la equidad como la calidad del sistema.
Los datos de la OCDE coinciden con los diagnósticos nacionales: la educación se ha convertido en la variable de ajuste de la política fiscal. La solución no está en gastar sin control, sino en recuperar su prioridad estratégica y diseñar un financiamiento sostenible que combine disciplina fiscal con inversión inteligente. De lo contrario, el costo no será solo presupuestario, sino generacional.
Andrés Fernández Arauz es economista.
