EscucharEl Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) crecería de unos ¢822.000 millones en 2026 a ¢845.000 millones en 2027. Sin embargo, la transferencia del Fondo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) pasaría de ¢46.600 millones a ¢21.900 millones. Es una reducción del 53%, mientras los recursos totales de Fodesaf aumentan cerca del 3%.
La asignación propuesta para 2027 equivale al 2,59% de Fodesaf: exactamente el mínimo establecido por ley. En 2026, el PANI recibió alrededor del 5,7%. La disminución no significa que el dinero desaparezca del gasto social. Hacienda explica que el seguro de salud para personas sin capacidad contributiva pasaría de ¢2.000 millones a ¢162.000 millones, lo que limitó las asignaciones adicionales al PANI, el IMAS y el Régimen No Contributivo.
En ese contexto, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública incluye una sola intervención bajo responsabilidad del PANI: el Programa Adolescente Madre. Su indicador mide el porcentaje de beneficiarias que permanecen activas en el sistema educativo. La línea base es 88%; la meta se mantiene igual durante 2027 y 2028 y aumenta a 90% en los dos años siguientes.
La ficha técnica estima ¢2.090 millones anuales para atender a 1.900 adolescentes. También reconoce que los recursos de Fodesaf para 2027 todavía estaban en definición y que el presupuesto y sus fuentes deberán actualizarse. Existe, por ello, una conexión presupuestaria pendiente.
El indicador escogido tiene otra limitación. Mide el resultado entre quienes reciben la beca, pero no cuántas adolescentes la necesitan, cuántas logran acceder ni si la cobertura aumenta. Podría alcanzarse el 90% con un número mayor, igual o menor de beneficiarias. La ficha incorpora una referencia de 1.900 personas, pero esa cobertura no forma parte de la meta publicada.
El Programa Adolescente Madre busca evitar que el embarazo y la maternidad temprana expulsen a las adolescentes de las aulas. El problema es de correspondencia: una reducción amplia de los recursos de Fodesaf destinados al PANI convive con una meta estrecha, que observa la permanencia educativa de un grupo específico, pero no la cobertura de los servicios de protección, atención y restitución de derechos de la institución.
El seguimiento debería informar, además, del porcentaje de permanencia, el número de adolescentes atendidas, la demanda no cubierta y los recursos disponibles. Para el conjunto del PANI también debería mostrar cuáles servicios absorben la reducción y cómo cambia su cobertura. Cumplir el mínimo legal es verificable; saber si alcanza para las metas y necesidades de la niñez requiere información adicional.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
